En una operación conjunta entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, se llevó a cabo un allanamiento en la residencia de la exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo Salazar, quien actualmente se encuentra bajo detención preventiva. La intervención tuvo lugar durante la mañana en un condominio ubicado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, donde las autoridades procedieron a secuestrar diversa documentación vinculada a la investigación en curso.
Este operativo forma parte de una investigación que busca esclarecer irregularidades relacionadas con contratos firmados durante el período en que Delgadillo ejercía sus funciones como gerente en la estatal petrolera. Según explicó el fiscal a cargo del caso, Daniel Ortuño, los documentos incautados serán sometidos a un minucioso análisis con el fin de identificar posibles contratos cuestionables o irregulares que puedan estar vinculados a actos ilícitos dentro de YPFB.
La relevancia de este allanamiento radica en que se trata de una fase crucial para reunir pruebas que permitan avanzar en el proceso legal contra los implicados. La investigación abarca a tres personas, entre ellas Gabriela Delgadillo, quien ya enfrenta detención preventiva. De los otros dos involucrados, uno ha sido formalmente imputado y se espera que el tercero sea citado próximamente para declarar ante las autoridades competentes.
Este caso ha generado atención debido a la importancia estratégica de YPFB como empresa estatal encargada del sector energético en Bolivia. Las irregularidades detectadas podrían tener implicaciones significativas tanto para la gestión interna de la entidad como para la transparencia y control en el manejo de recursos públicos. Por lo tanto, los avances en esta investigación son seguidos con interés por parte de la ciudadanía y organismos encargados del control estatal.
La detención preventiva de Gabriela Delgadillo y las acciones emprendidas por las fuerzas del orden reflejan el compromiso institucional para combatir posibles actos de corrupción dentro del sector público. Además, este proceso puede sentar un precedente sobre cómo se manejan y supervisan los contratos y responsabilidades administrativas en empresas estatales clave para el desarrollo económico nacional.
En paralelo, otras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en obras públicas continúan su curso, evidenciando un contexto más amplio donde las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. El caso específico del exgerente de YPFB se inscribe dentro de estos esfuerzos por garantizar la legalidad y transparencia en todos los niveles gubernamentales.
En definitiva, el allanamiento realizado este jueves no solo representa un avance importante para esclarecer hechos vinculados a YPFB sino también un paso hacia una mayor vigilancia sobre las actividades administrativas dentro del sector público boliviano. La documentación incautada podría ser determinante para esclarecer responsabilidades y asegurar que se respeten las normativas vigentes en materia contractual y administrativa
