En el marco de una investigación que ha generado gran expectativa en la ciudad, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, junto con el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, están convocados a prestar declaración ante la Fiscalía Anticorrupción del Plan Tres Mil. Esta diligencia responde a una denuncia formal que apunta a presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos municipales, específicamente en el área de pavimentación urbana.
La denuncia fue presentada por el exconcejal Manuel Saavedra, quien fundamentó su acusación en un informe preliminar elaborado por la Contraloría municipal. Según este documento oficial, se detectaron inconsistencias en al menos 16 proyectos relacionados con obras de pavimentación; estas inconsistencias se traducirían en faltantes o deficiencias en la ejecución física de las obras contratadas. Los presuntos delitos que motivan la investigación incluyen conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, todos vinculados a la administración y supervisión de estos proyectos públicos.
Este proceso judicial tiene un fuerte impacto político y administrativo para las autoridades involucradas y para la gestión municipal en general. La citación ante la Fiscalía Anticorrupción pone bajo escrutinio no solo al alcalde y al secretario de Obras Públicas, sino también a todo el equipo encargado del manejo y control de recursos destinados a infraestructura urbana. La importancia radica en garantizar que los fondos públicos asignados para mejorar la calidad vial sean utilizados correctamente y que las obras contratadas cumplan con los estándares y compromisos asumidos.
El caso ha suscitado diversas reacciones dentro del Concejo Municipal. Alberto Vaca, concejal del partido Demócratas, manifestó que como representantes electos mantienen un seguimiento riguroso del proceso para esclarecer los hechos. Recalcó que si las irregularidades señaladas por el informe preliminar se confirman tras la investigación exhaustiva, será imprescindible que quienes resulten responsables asuman las consecuencias legales correspondientes. Esto implicaría incluso la devolución del dinero público que habría sido mal empleado o no ejecutado conforme a lo pactado.
La denuncia y el posterior llamado a declarar evidencian una situación delicada en cuanto a la transparencia y eficiencia administrativa dentro del municipio. La ciudadanía espera respuestas claras sobre el manejo de los recursos destinados a obras públicas esenciales para el desarrollo urbano y la calidad de vida. Además, este caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y fiscalización para evitar futuros incumplimientos o prácticas irregulares que afecten directamente a la población.
En definitiva, esta jornada representa un momento crucial para Santa Cruz de la Sierra, donde se busca establecer responsabilidades concretas frente a posibles actos irregulares en proyectos fundamentales para el mejoramiento vial. El seguimiento riguroso y transparente del proceso judicial será determinante para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones locales y asegurar una gestión pública más eficiente y comprometida con los intereses colectivos
