El pasado sábado se conmemoraron diez años desde la celebración del referéndum en Bolivia que negó la reelección indefinida del entonces presidente Evo Morales, un evento que ha sido señalado por varios expresidentes del país como uno de los momentos más significativos en la historia reciente de la democracia boliviana. Este referéndum, realizado el 21 de febrero de 2016, marcó un punto crucial en la política nacional al impedir que Morales pudiera acceder a un cuarto mandato consecutivo, consolidando así una decisión popular que buscaba limitar la permanencia prolongada en el poder.
El referéndum fue decidido con un estrecho margen, ya que el no a la reelección indefinida obtuvo el 51,30 % de los votos. Este resultado reflejó una sociedad dividida pero decidida a mantener un equilibrio democrático y evitar la perpetuación en el Ejecutivo. Sin embargo, pese a esta expresión popular, Evo Morales logró revertir esta situación con el respaldo del Tribunal Constitucional boliviano, que le permitió presentarse nuevamente en las elecciones de 2019. Esta acción generó una profunda controversia y tensiones políticas que desembocaron en una crisis institucional que marcó el destino político del país en los años siguientes.
Los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Jeanine Áñez destacaron cada uno por separado la importancia histórica del referéndum y sus consecuencias. Quiroga recordó que aquel proceso representó para muchos demócratas el inicio del fin de lo que calificó como tiranía evista, enfatizando además la relevancia de una opinión consultiva emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta opinión estableció claramente que la reelección indefinida no constituye un derecho humano, lo que refuerza la legitimidad del referéndum como un mecanismo para preservar los límites constitucionales al poder presidencial.
Además, Quiroga hizo un llamado enfático sobre las consecuencias legales pendientes relacionadas con Morales, señalando la necesidad de ejecutar una orden de aprehensión contra quien considera responsable de haber dañado gravemente las instituciones democráticas y económicas del país. Este pronunciamiento refleja las tensiones políticas actuales y subraya cómo los eventos iniciados con aquel referéndum siguen influyendo directamente en el panorama político boliviano.
Por su parte, Carlos Mesa remarcó el carácter fundamental del 21-F para expresar un rechazo contundente al autoritarismo y a la intención de perpetuarse en el poder por parte de Morales. Según Mesa, este referéndum fue el comienzo del fin del gobierno moralesista y debilitó significativamente el dominio hegemónico del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político fundado por Morales y su principal fuerza política durante más de una década. El exmandatario enfatizó que para garantizar una democracia saludable es imprescindible mantener mecanismos efectivos que limiten el poder de quienes ocupan cargos públicos, subrayando así la función esencial del referéndum como herramienta democrática.
La exmandataria interina Jeanine Áñez también resaltó la relevancia histórica del 21-F, describiéndolo como un grito colectivo contra la sumisión y una defensa firme del voto popular, la Constitución y los principios democráticos. Su valoración se inscribe dentro del contexto político complejo vivido durante su breve gobierno entre 2019 y 2020, cuando asumió la presidencia tras la renuncia forzada de Morales en medio de protestas masivas y acusaciones mutuas sobre fraude electoral. Áñez reivindicó su papel durante aquella crisis política como garante temporal del orden constitucional frente a lo que definió como una situación excepcional.
No obstante, este periodo también estuvo marcado por controversias legales para Áñez. Fue denunciada por presuntos delitos relacionados con su acceso a la Presidencia sin cumplir plenamente con la línea sucesoria constitucional vigente. Esta situación derivó en procesos judiciales prolongados y encarcelamiento por varios años, mostrando cómo las disputas políticas posteriores al referéndum han continuado afectando a actores clave dentro del escenario nacional.
En cuanto al marco legal vigente durante esos años, es importante recordar que la Constitución boliviana promulgada en 2009 estableció límites claros a la reelección presidencial: esta solo podía efectuarse una vez de manera continua. Sin embargo, Evo Morales gobernó tres periodos consecutivos bajo diferentes argumentos jurídicos. Inicialmente justificó su segunda reelección alegando que su primer mandato no debía ser contabilizado debido a que fue ejercido bajo una Constitución anterior. Posteriormente, para las elecciones anuladas de 2019 apeló al concepto del derecho humano para presentarse nuevamente como candidato presidencial.
Este conjunto de acciones legales e interpretaciones constitucionales abrió debates profundos sobre los límites reales al ejercicio democrático y cuestionamientos sobre posibles intentos de perpetuación en el poder. La controversia culminó con las elecciones anuladas y los acontecimientos políticos posteriores que llevaron a Morales a abandonar el país ante presiones sociales y políticas intensas.
En definitiva, estos diez años transcurridos desde aquel referéndum representan no solo un hito electoral sino también un punto clave para entender las dinámicas políticas actuales en Bolivia. La negación inicial a permitir una reelección indefinida refleja los anhelos ciudadanos por preservar mecanismos democráticos efectivos frente a posibles tendencias autoritarias. A su vez, las disputas legales e institucionales derivadas evidencian cómo estas decisiones electorales tienen repercusiones duraderas sobre el equilibrio político nacional y sobre quienes ocupan o aspiran ocupar cargos públicos relevantes.
La memoria colectiva sobre este proceso electoral continúa siendo fundamental para analizar los desafíos presentes y futuros relacionados con la consolidación democrática en Bolivia. La reflexión sobre estos hechos invita además a valorar cuidadosamente los mecanismos constitucionales diseñados para limitar excesos políticos sin menoscabar derechos fundamentales ni generar fracturas sociales profundas. En ese sentido, este aniversario se convierte en una oportunidad para repensar caminos hacia una gobernabilidad basada en respeto mutuo entre poderes e instituciones dentro del marco democrático boliviano
