El presidente Rodrigo Paz ha llevado a cabo una serie de modificaciones significativas en la estructura y funcionamiento de la Vicepresidencia del Estado, mediante la promulgación de tres decretos supremos que buscan optimizar la gestión pública y fortalecer la atención a sectores vulnerables. Estas medidas, que se suman a otras implementadas durante los primeros meses de su administración, reflejan un esfuerzo por reordenar el aparato estatal, reducir duplicidades administrativas y promover un uso más eficiente de los recursos públicos.
Entre los decretos publicados recientemente en la Gaceta Oficial, el Decreto Supremo 5552 establece cambios sustanciales en la organización interna de la Vicepresidencia. La normativa señala que esta instancia recibirá apoyo funcional desde la estructura del Ministerio de la Presidencia, integrando unidades especializadas que abarcan desde la jefatura de gabinete hasta áreas clave como comunicación, protocolo, archivo histórico legislativo, gestión y relacionamiento legislativo, así como asesoramiento jurídico. Este esquema busca garantizar una coordinación más estrecha y efectiva entre ambas entidades, al tiempo que mantiene la independencia en las funciones legislativas específicas que corresponden a la Vicepresidencia.
Una novedad importante es que el personal asignado a estas unidades dependerá directamente del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es actualmente José Luis Lupo. Esta disposición implica un control administrativo más centralizado sobre las actividades y recursos humanos vinculados a la Vicepresidencia. Además, se establece con claridad que el vicepresidente o vicepresidenta no dispondrá de representaciones regionales ni sectoriales, lo cual apunta a limitar estructuras paralelas o dispersas dentro del Estado. En materia de supervisión, las Unidades de Auditoría Interna y Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia ejercerán vigilancia sobre las operaciones y el personal adscrito a la Vicepresidencia.
Estas reformas se producen mientras el actual titular de esta instancia, Edmand Lara, se encuentra fuera del país participando en una cumbre internacional sobre inteligencia artificial, lo que añade un contexto particular al momento en que se implementan estos ajustes administrativos.
Por otra parte, el Decreto Supremo 5550 introduce una reestructuración profunda en el sistema estatal de comunicación. Se fusionan dos oficinas que habían sido objeto de críticas: la Dirección General de Comunicación y la Vocería Presidencial. La nueva entidad resultante se denomina Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia y estará bajo dependencia directa de la Presidencia con coordinación desde la Jefatura de Gabinete. Esta medida persigue racionalizar recursos y fortalecer una comunicación estratégica más integrada y eficiente. Asimismo, se confirma que la Unidad de Medios Estatales continuará bajo supervisión del Ministerio de la Presidencia y se autoriza la transferencia tanto del personal como del presupuesto necesario para asegurar su funcionamiento continuo.
Finalmente, el Decreto Supremo 5551 crea el Despacho de Gestión Social (Degse), concebido como una institución pública descentralizada con autonomía administrativa, financiera y técnica. Este nuevo organismo tiene como propósito agilizar las respuestas sociales y mejorar los mecanismos para atender a poblaciones vulnerables o en situación de emergencia. El Degse contará con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente; sin embargo, estará bajo tuición del Ministerio de la Presidencia y será dirigido por un Director General Ejecutivo designado directamente por el presidente Paz.
Entre sus funciones destaca el desarrollo e implementación de programas sociales solidarios orientados a sectores desfavorecidos. Además, tendrá competencias para gestionar bienes decomisados destinados a estos grupos vulnerables y deberá coordinar acciones con entidades nacionales e internacionales. También tendrá responsabilidad en monitorear sus actividades y rendir cuentas públicas sobre su gestión social.
En conjunto, estas normativas reflejan un esfuerzo gubernamental por reorganizar estructuras internas clave para mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer políticas sociales dirigidas a los sectores más necesitados. La centralización funcional dentro del Ministerio de la Presidencia busca optimizar recursos mientras se mantienen espacios específicos para funciones legislativas independientes en el caso particular de la Vicepresidencia. A su vez, las modificaciones en comunicación estatal pretenden consolidar un mensaje coherente desde el Ejecutivo con menor dispersión institucional.
Para los ciudadanos esta serie de cambios puede traducirse en una gestión pública más ordenada y transparente, especialmente en áreas sensibles como el apoyo social a comunidades vulnerables o afectadas por emergencias. La creación del Degse apunta precisamente a responder con mayor rapidez y eficacia ante estas necesidades prioritarias. Al mismo tiempo, las reformas administrativas buscan evitar duplicidades costosas o ineficiencias que suelen afectar negativamente al servicio público.
En definitiva, estas medidas adoptadas por el presidente Paz configuran un nuevo capítulo en el proceso administrativo estatal con miras a optimizar estructuras clave dentro del Poder Ejecutivo para beneficio directo tanto del funcionamiento gubernamental como del bienestar social general
