Los ejecutivos de las seis federaciones del trópico de Cochabamba han emitido una denuncia pública grave, señalando la existencia de un presunto plan conjunto entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas para capturar al expresidente Evo Morales. Esta acusación surge en un contexto de tensión política y social, donde se cuestiona la gestión gubernamental en la lucha contra el narcotráfico y se advierte sobre posibles operaciones represivas en la región.

En su pronunciamiento, Dieter Mendoza, representante de las seis federaciones, expresó que la estrategia oficial contra el narcotráfico ha fracasado, y que ahora el Gobierno, con la supuesta complicidad de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), estaría buscando mejorar su imagen mediante una acción dirigida específicamente contra Morales. Esta interpretación sugiere que la campaña en curso no solo tiene un componente judicial o policial, sino que también estaría motivada por intereses políticos que buscan desarticular a una figura emblemática del movimiento social y político del trópico.

Frente a esta situación, Mendoza hizo un llamado a las demás regiones para activar lo que denominaron ‘Plan Mika’, una iniciativa destinada a proteger el territorio del trópico y organizar movilizaciones regionales. Esta respuesta refleja un alto nivel de alerta y la disposición para defender con acciones colectivas los espacios territoriales ante lo que consideran una amenaza inminente.

La advertencia sobre un posible operativo represivo se intensificó con declaraciones que apuntan a una reunión actual de altos oficiales militares, presuntamente coordinando acciones que podrían derivar en hechos violentos dentro del trópico cochabambino. Según los dirigentes, estas maniobras no solo estarían orientadas a capturar a Morales sino incluso a generar un escenario de masacre en la región, lo cual eleva considerablemente el nivel de preocupación entre las comunidades locales.

Wilma Colque, otra ejecutiva clave de las federaciones, complementó esta información al señalar que en Santa Cruz se estarían desarrollando encuentros entre mandos militares y funcionarios gubernamentales para diseñar un operativo específico. Además, denunció la presencia encubierta de agentes policiales infiltrados como civiles dentro del territorio del trópico, lo que indicaría un despliegue de inteligencia orientado a obtener información estratégica o preparar acciones sorpresivas.

En respuesta a estas circunstancias, las federaciones han organizado vigilias en distintos municipios y sectores del trópico como medida preventiva y símbolo de resistencia. Asimismo, se ha decidido reforzar el punto de vigilia ubicado en Lauca Ñ, consolidando así una red comunitaria de vigilancia permanente que busca anticiparse a cualquier intento de incursión o detención arbitraria.

Este panorama ocurre en paralelo con la reciente reaparición pública del expresidente Evo Morales después de varias semanas sin actividades visibles debido a su recuperación tras padecer chikungunya. Morales apareció el jueves durante un acto político en Chimoré donde se proclamaron candidatos, marcando así su retorno al escenario público y político activo.

La denuncia realizada por las federaciones refleja no solo una preocupación por la seguridad personal del expresidente sino también una percepción más amplia sobre el uso de las fuerzas estatales para fines políticos y represivos. La situación pone en evidencia la frágil estabilidad social en el trópico cochabambino y plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos civiles y políticos en contextos donde los conflictos entre diferentes sectores sociales y políticos se agudizan.

En definitiva, este episodio subraya las tensiones existentes entre autoridades gubernamentales y movimientos sociales organizados en Bolivia. La movilización anunciada por las federaciones busca alertar tanto a nivel nacional como internacional sobre lo que consideran una amenaza directa contra sus dirigentes y comunidades. El desarrollo futuro de este conflicto tendrá implicaciones significativas para la gobernabilidad regional y nacional, así como para la defensa de los derechos fundamentales dentro del país

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