En medio de un clima político marcado por la búsqueda de unidad y reconciliación nacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ha expresado su preocupación y desacuerdo frente a las declaraciones recientes de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre la distribución de recursos entre las regiones del país. Estas manifestaciones han generado una polémica significativa que refleja las tensiones persistentes en torno a la gestión del Estado y la relación entre sus diferentes niveles administrativos.
La controversia se originó a partir de unas declaraciones realizadas por Barrientos en una entrevista con EL DEBER, donde explicó que el concepto popularmente conocido como “50/50” —que se refiere a repartir equitativamente los recursos económicos entre el gobierno central y las regiones— no puede aplicarse de manera simplista. Según la viceministra, no se trata solo de asignar un porcentaje fijo del presupuesto a cada territorio para que lo administre libremente, sino que debe existir un ejercicio real de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales y locales. Esta postura generó una reacción inmediata y crítica por parte de diversos sectores sociales y políticos, quienes interpretaron sus palabras como una negación o minimización del derecho regional a recibir fondos justos para su desarrollo.
Ante la fuerte reacción pública, Barrientos reconoció posteriormente que su expresión había sido desafortunada y ofreció disculpas públicas. Sin embargo, estas manifestaciones no lograron calmar el descontento generalizado. La polémica escaló hasta el punto en que se solicitaron abiertamente su renuncia, evidenciando la sensibilidad y relevancia que tiene para muchas comunidades el tema de la redistribución financiera en un país con profundas diferencias territoriales y sociales.
En este contexto, Romer Saucedo intervino para señalar que mientras Bolivia intenta superar décadas marcadas por la división, el racismo y la discriminación —problemas arraigados durante los últimos 20 años— es fundamental evitar discursos o acciones que puedan reabrir viejas heridas o fomentar nuevas brechas entre los ciudadanos. Enfatizó que las palabras de Barrientos contribuyen precisamente a profundizar esas fracturas históricas en lugar de promover la unidad nacional.
Saucedo aprovechó para destacar el trabajo del presidente Rodrigo Paz, quien según él está comprometido con construir puentes entre las distintas regiones y sectores sociales del país. En contraposición a esta labor integradora, consideró inadecuado que una autoridad subordinada al Ejecutivo adopte posturas contrarias a esa visión conciliadora. Por ello hizo un llamado directo al mandatario para que escuche con atención las demandas legítimas de las regiones afectadas por estas controversias y evite que funcionarios de menor rango obstaculicen o empañen sus esfuerzos por fortalecer la cohesión social.
La relevancia de esta discusión radica en cómo se administra el presupuesto público y cómo se garantiza una distribución equitativa que permita atender las necesidades específicas de cada departamento o municipio. En un país marcado por desigualdades históricas y diversidad cultural, el manejo transparente y justo de los recursos es fundamental para avanzar hacia un desarrollo armónico e inclusivo. Las tensiones generadas por este episodio reflejan no solo diferencias técnicas sobre políticas financieras sino también profundas sensibilidades identitarias y políticas vinculadas al reconocimiento y respeto hacia las autonomías regionales.
En definitiva, este episodio pone en evidencia la complejidad inherente al proceso político boliviano actual, donde las heridas del pasado todavía influyen en el presente y donde cada palabra o acción pública puede tener un impacto significativo en la percepción social sobre los procesos institucionales. La insistencia en construir consensos amplios es vital para evitar retrocesos y fortalecer un proyecto común que reconozca tanto la diversidad como la unidad del pueblo boliviano. Así, esta polémica sirve como recordatorio sobre la importancia del diálogo respetuoso y constructivo entre autoridades nacionales y locales para superar diferencias históricas e impulsar juntos el bienestar colectivo
