En medio de un panorama preocupante marcado por el consumo precoz de alcohol y las elevadas tasas de suicidio entre adolescentes, el Comité Departamental de Salud Mental de Tarija se ha propuesto como objetivo fundamental impulsar la reglamentación de la Ley Departamental N° 493, una normativa destinada a crear un sistema integral de atención en salud mental en la región. La presidenta del comité, Carla Melissa Paredes, ha enfatizado la necesidad urgente de establecer políticas públicas que aborden la salud mental con la misma prioridad que la salud física, reconociendo que muchos jóvenes enfrentan trastornos emocionales y procesos depresivos sin que estos se manifiesten en enfermedades visibles o sean adecuadamente atendidos.
El contexto en Tarija revela una realidad alarmante: el inicio del consumo de alcohol ocurre desde los 13 años, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar problemas relacionados con adicciones y trastornos mentales. A esto se suma una tasa significativa de suicidios, vinculada a factores sociales y emocionales complejos que demandan respuestas integrales. Sin embargo, pese a contar con una ley que promueve un sistema integral para la promoción, prevención y atención en salud mental, su falta de reglamentación impide que las medidas previstas se implementen efectivamente. Esta situación deja a los sectores más vulnerables sin acceso a servicios especializados y sin mecanismos claros para la detección temprana y el apoyo psicológico.
El Comité Departamental está conformado por representantes diversos, incluyendo juventudes, académicos de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, organizaciones no gubernamentales, Fiscalía, juntas de padres de familia y organizaciones sociales, con el respaldo del INTRAID en la vicepresidencia. Esta pluralidad busca articular esfuerzos en todo el departamento para fortalecer un sistema coordinado que atienda las necesidades psicológicas de la población. Entre sus prioridades figura la gestión para que el Ejecutivo departamental avance con la reglamentación de la Ley 493, paso indispensable para traducir las disposiciones legales en acciones concretas.
Asimismo, el comité promueve iniciativas a nivel municipal destinadas a facilitar el retorno de gabinetes psicológicos a las unidades educativas mediante programas como “Escuela Sana”. Estas acciones están orientadas a prevenir y detectar tempranamente trastornos emocionales en estudiantes, un sector particularmente vulnerable que muchas veces no recibe acompañamiento adecuado. Los estudios realizados por el comité evidenciaron además casos preocupantes: adolescentes con ideación suicida que nunca buscaron ayuda profesional ni comunicaron su situación a sus familias. Esta realidad pone en evidencia una brecha significativa en los servicios disponibles y resalta la urgencia de fortalecer redes accesibles y confiables para quienes enfrentan crisis emocionales.
El trabajo del comité también contempla coordinar esfuerzos con Defensorías de la Niñez para mejorar la atención psicológica a víctimas de violencia y abuso sexual, otro grupo altamente vulnerable cuyos casos requieren intervenciones especializadas. Paralelamente se impulsarán evaluaciones psicológicas para profesionales en formación en salud, especialmente médicos residentes, con el fin prevenir riesgos emocionales derivados del estrés laboral o situaciones personales complejas.
Un aspecto clave señalado por Paredes es la necesidad de que el Servicio Departamental de Salud (SEDES) habilite un programa específico dedicado a salud mental. Este programa incluiría la formación de “centinelas”, profesionales capacitados para identificar tempranamente señales como depresión e ideación suicida dentro de centros de salud primaria. En esta línea ya se han habilitado servicios psicológicos en centros integrales como Palmarcito y San Antonio, donde se realizan evaluaciones especializadas sobre autismo, duelo y trastornos emocionales.
Entre los proyectos más ambiciosos figura asimismo la creación del Observatorio Departamental de Salud Mental. Esta herramienta permitirá recopilar datos estadísticos reales sobre los casos atendidos tanto en hospitales públicos como privados, analizando variables como edad, género y factores asociados al riesgo mental. La confidencialidad estará garantizada pero esta base informativa será fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia concreta.
Como antecedente reciente cabe mencionar que el comité renovó su directiva hace pocos meses en un acto encabezado por autoridades del SEDES Tarija quienes manifestaron su compromiso para facilitar espacios institucionales destinados al trabajo conjunto por la salud mental. Esta renovación refleja un impulso renovado para consolidar al comité como actor clave en prevención y promoción dentro del departamento.
La exigencia por parte del asambleísta departamental Luis Lema hacia el Ejecutivo regional para acelerar la reglamentación es coherente con las necesidades detectadas: sin este paso formal no es posible operacionalizar las políticas contempladas en la ley promulgada hace ya un año. Lema subraya además que estas políticas no requieren grandes recursos económicos sino voluntad política enfocada principalmente en prevención e integración multisectorial.
En definitiva, Tarija enfrenta hoy desafíos importantes relacionados con problemas mentales entre jóvenes y adolescentes agravados por factores sociales complejos como el consumo temprano de alcohol y altos índices suicidas. La falta actual de reglamentación limita las respuestas institucionales efectivas ante estas problemáticas. Sin embargo, gracias al accionar coordinado del Comité Departamental de Salud Mental junto con otras entidades públicas y sociales existe una hoja de ruta clara orientada a consolidar un sistema integral capaz no solo de atender sino también prevenir estas situaciones mediante acciones educativas, clínicas y comunitarias.
La implementación efectiva del marco legal vigente permitirá garantizar derechos fundamentales relacionados con salud mental e impulsar programas sostenibles enfocados especialmente en niños, adolescentes y jóvenes; grupos poblacionales prioritarios cuya calidad vida depende cada vez más del acceso oportuno a servicios psicológicos adecuados. En este sentido, Tarija avanza hacia una visión más inclusiva e integral donde salud física y mental se aborden como dimensiones inseparables del bienestar general
