El expresidente del Estado y exjefe de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, emitió una crítica directa hacia el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, por su reciente postura pública en contra de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Rodríguez Veltzé subrayó la importancia de que los jueces, especialmente quienes ocupan cargos de máxima representación en el sistema judicial, mantengan una estricta imparcialidad y eviten pronunciamientos que puedan reflejar parcialidad sobre asuntos políticos o controversias públicas que escapan a su competencia judicial directa.
Este señalamiento surge en un contexto donde la figura del presidente del TSJ se ha involucrado en un debate político que ha generado división y polémica en el ámbito público. Según el exmandatario, los principios éticos y códigos de conducta judiciales demandan que los magistrados se mantengan al margen de situaciones ajenas a sus funciones específicas, particularmente cuando dichas situaciones pueden ser abordadas y resueltas por instancias judiciales competentes.
El origen del conflicto se remonta a una entrevista concedida por la viceministra Andrea Barrientos el pasado 18 de febrero a un medio nacional. En dicha entrevista, Barrientos hizo referencia a la promesa política conocida como “50/50”, que implica una redistribución equitativa de recursos económicos entre el gobierno central y las administraciones regionales. La viceministra explicó que esta propuesta no consiste simplemente en repartir a partes iguales los fondos, sino que debe existir un ejercicio responsable y compartido entre las instancias gubernamentales para administrar dichos recursos. Sin embargo, esta declaración generó una fuerte controversia debido a la interpretación que algunos actores políticos y sectores sociales hicieron sobre sus palabras.
Al día siguiente de la entrevista, Andrea Barrientos reconoció públicamente que su expresión no había sido adecuada y ofreció disculpas por el malentendido generado. No obstante, estas disculpas no lograron apaciguar completamente la situación. Por el contrario, surgieron voces dentro del escenario político que exigieron su renuncia inmediata, argumentando que sus declaraciones profundizaban las tensiones existentes entre las diferentes regiones del país respecto a la distribución presupuestaria y la autonomía regional.
En medio de esta delicada situación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia decidió involucrarse con declaraciones públicas críticas hacia Barrientos. El pasado domingo, Rómer Saucedo afirmó que Bolivia atraviesa un proceso complejo para superar divisiones históricas marcadas por el racismo y la discriminación durante las últimas dos décadas. En este sentido, enfatizó que no es aceptable permitir discursos que revivan esas heridas sociales o generen nuevas brechas entre los ciudadanos bolivianos.
Saucedo manifestó expresamente que la viceministra Barrientos estaría contribuyendo a profundizar esas divisiones con sus comentarios. Además, resaltó que como funcionaria subordinada al presidente del Estado, Barrientos no debería contradecir ni obstaculizar las políticas trazadas desde el Ejecutivo central orientadas al bienestar colectivo y a la construcción de unidad nacional.
El titular del TSJ incluso hizo un llamado directo al presidente Rodrigo Paz para que considere las demandas legítimas provenientes de diversas regiones sobre lo correcto en materia de gestión pública y distribución presupuestaria. Asimismo, le instó a evitar que funcionarios subalternos empañen su administración o dificulten los esfuerzos por fomentar puentes entre diferentes sectores sociales y territoriales.
La intervención pública de Saucedo ha sido vista como una postura poco habitual para alguien en su posición judicial debido al carácter politizado del tema y las implicaciones que ello tiene para la independencia e imparcialidad del sistema judicial. La crítica formulada por Eduardo Rodríguez Veltzé pone sobre la mesa un debate acerca del rol adecuado de los magistrados en contextos donde confluyen aspectos políticos sensibles con procesos legales o administrativos.
En definitiva, esta serie de hechos refleja las tensiones persistentes en torno a la autonomía regional y la gestión compartida de recursos financieros en Bolivia. La polémica originada por una declaración política interpretada como divisiva ha escalado hasta involucrar a altos representantes tanto del poder ejecutivo como judicial. Esto evidencia cómo temas relacionados con el equilibrio territorial y económico continúan siendo fuente de confrontación pública con repercusiones directas en la gobernabilidad y cohesión social.
Para la población boliviana es relevante observar cómo se manejan estas controversias desde las instituciones estatales principales. La forma en que se resuelvan estos conflictos tendrá impacto sobre la confianza ciudadana en sus autoridades y sobre el proceso democrático mismo, especialmente considerando los esfuerzos actuales para superar fracturas sociales históricas vinculadas con identidades regionales y demandas autonómicas.
En conclusión, el llamado al respeto estricto a los principios éticos judiciales realizado por Eduardo Rodríguez Veltzé busca preservar la neutralidad indispensable para quienes administran justicia mientras se enfrentan temas sensibles políticamente. Al mismo tiempo, revela cómo ciertos discursos públicos pueden reavivar tensiones existentes entre sectores políticos e institucionales vinculados con cuestiones económicas fundamentales para el desarrollo equitativo del país
