En un giro inesperado dentro del ámbito legislativo, la Cámara de Diputados ha incluido en su agenda semanal el tratamiento de una reforma a la Ley de arraigo obligatorio, una normativa que establece la permanencia obligatoria en el territorio nacional para las autoridades electas tras concluir sus mandatos. Lo llamativo de esta decisión radica en que se produce apenas dos semanas después de que dicha ley fuera sancionada con rapidez y promulgada en tiempo récord.
Esta ley, conocida oficialmente como la Ley N° 1352, fue originalmente aprobada en 2020 con un objetivo específico: impedir que las autoridades del gobierno anterior, encabezado por Jeanine Áñez, pudieran abandonar el país durante los tres meses siguientes a la finalización de sus funciones oficiales. La medida surgió en un contexto político tenso, buscando evitar la evasión por parte de exfuncionarios vinculados a períodos polémicos. Con el cambio de gobierno y bajo la administración de Luis Arce, los legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) impulsaron una ampliación del plazo establecido para esta permanencia obligatoria, proponiendo extenderlo a seis meses. Esta iniciativa buscaba cerrar posibles vacíos legales que permitieran a exautoridades salir del país sin restricciones.
La urgencia en la aprobación de esta reforma estuvo marcada por una fecha límite ineludible: el 7 de febrero. De no contar con la promulgación antes de ese día, las autoridades que acompañaron la gestión actual podrían haber quedado libres para abandonar el territorio nacional sin ninguna limitación legal. En respuesta a esta presión temporal, el proceso legislativo se aceleró notablemente. El jueves 5 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y lo remitió al Senado. Aunque inicialmente parecía que la Cámara Alta tomaría su tiempo para analizarlo, se convocó una sesión extraordinaria vía Zoom para el sábado 7 de febrero. En esa reunión singular y poco habitual por su modalidad virtual, el proyecto fue sancionado casi por unanimidad. Ese mismo día, el Ejecutivo promulgó la ley cerca de la medianoche, consolidando así su vigencia.
Con esta normativa vigente bajo la Ley 1709, las exautoridades del gobierno actual están obligadas a permanecer dentro del país hasta el 7 de junio del presente año. La ley no solo abarca a funcionarios nacionales sino que también incluye a autoridades subnacionales tales como gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales. Considerando que estos cargos culminan sus mandatos en mayo de 2026, deben cumplir con esta permanencia hasta noviembre del mismo año.
Sin embargo, lo que genera controversia y desconcierto es que pese a haber sido sancionada recientemente bajo procedimientos poco habituales debido a su rapidez y carácter urgente, ahora se ha anunciado un nuevo tratamiento para modificarla o incorporarle ajustes. Según las normativas legislativas vigentes, cualquier proyecto o propuesta para modificar una ley debe pasar previamente por comisiones específicas encargadas del análisis técnico y jurídico correspondiente antes de ser elevado al pleno para su debate y votación final. En este caso particular no se ha informado sobre ningún trabajo o informe emanado desde alguna comisión parlamentaria respecto a estas modificaciones recién anunciadas.
No obstante, la directiva de la Cámara de Diputados ha incluido en su agenda semanal este punto referente a las modificaciones e incorporaciones a la Ley N° 1352 sin que exista claridad sobre si se han cumplido dichos procedimientos previos. Este hecho genera interrogantes sobre los procesos internos del órgano legislativo y pone en evidencia una dinámica política marcada por decisiones apresuradas y cambios repentinos en normativas sensibles para el control y regulación del ejercicio público posterior al mandato.
La relevancia social y política de esta ley es considerable dado que afecta directamente a un grupo importante de funcionarios públicos electos tanto a nivel central como subnacional. La permanencia obligatoria busca garantizar transparencia y evitar posibles fugas o ausencias que podrían dificultar investigaciones o procesos legales vinculados al desempeño durante sus gestiones gubernamentales. Por tanto, cualquier modificación o ajuste debe ser abordado con rigor técnico y democrático para asegurar tanto los derechos individuales como los intereses colectivos.
En conclusión, este escenario evidencia un proceso legislativo convulso donde normas recientemente aprobadas vuelven rápidamente al debate parlamentario sin un claro procedimiento intermedio documentado públicamente. Esto refleja tensiones políticas internas y pone en primer plano debates sobre cómo se regulan las responsabilidades postmandato de las autoridades electas dentro del sistema democrático vigente. La población involucrada observa con atención estas maniobras legislativas dado que impactan directamente en la supervisión y control político posterior al ejercicio gubernamental
