En el contexto político actual, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo está generando inquietud en algunos sectores del parlamento nacional, especialmente en lo que respecta al uso creciente de decretos presidenciales para implementar decisiones de gran relevancia. Gabriel Corvera, presidente de la brigada parlamentaria de Tarija, ha expresado abiertamente su preocupación por esta tendencia, advirtiendo que el gobierno parece estar evadiendo la participación activa y necesaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional en asuntos que deberían ser debatidos y aprobados por los representantes del pueblo.
Aunque reconoce que varios de los decretos emitidos han tenido un impacto positivo y han sido motivo de celebración dentro del ámbito parlamentario, Corvera subraya que existen otros instrumentos legales cuya aplicación genera alarma por la forma en que se están adoptando. La sensación predominante es que el Ejecutivo está “pasando por encima” o “saltándose” a la Asamblea Nacional, lo que rompe con la lógica democrática y constitucional que debe regir las relaciones entre poderes del Estado. Esta práctica pone en riesgo el equilibrio institucional y podría derivar en una crisis política si no se corrige oportunamente.
El diputado enfatiza que más allá de las personas o cargos específicos involucrados, las políticas públicas deben orientarse hacia el bienestar general del país. Esto implica un trabajo conjunto y coordinado entre los distintos órganos del Estado, donde prevalezca el diálogo y el respeto mutuo. En ese sentido, reconoce que tanto la nueva gestión del Ejecutivo como la renovación del Legislativo han mostrado avances importantes durante sus primeros tres meses en funciones, destacando medidas como la eliminación de subsidios a los hidrocarburos y la estabilización económica, acciones que contribuyen a una mayor sostenibilidad financiera nacional.
Sin embargo, uno de los puntos más controversiales señalados por Corvera es el decreto que reduce las atribuciones y recursos asignados a la Vicepresidencia del Estado. Según su análisis, esta medida responde a una percepción negativa sobre el desempeño del vicepresidente Edman Lara, quien aparentemente no habría comprendido plenamente las responsabilidades inherentes a su cargo. Esta situación habría generado cierto nivel de inestabilidad social, política y jurídica dentro del país. Aunque formalmente este decreto no viola la Constitución, sí se encuentra “al filo” en términos legales debido a dos aspectos fundamentales: primero, porque no contó con la aprobación ni siquiera con la consulta previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional; segundo, porque refleja una tendencia preocupante del Ejecutivo a gobernar mediante decretos sin recurrir a los mecanismos legislativos establecidos.
En cuanto al funcionamiento interno del parlamento, Corvera explica que las decisiones más relevantes suelen estar en manos de senadores y diputados, mientras que la participación directa del vicepresidente es limitada y restringida a temas muy específicos. Esto evidencia una estructura legislativa donde ambas cámaras tienen autonomía para dictar normas y aprobar políticas públicas sin necesidad de una intervención constante por parte del Vicepresidente. Por ello resulta llamativo e inoportuno que un decreto modifique aspectos tan sensibles sin contar con el respaldo ni siquiera con el debate parlamentario correspondiente.
El diputado concluye advirtiendo que esta práctica gubernamental constituye un riesgo latente para el sistema democrático nacional. La falta de diálogo institucional puede conducir a acciones ilegales o inconstitucionales si no se establecen límites claros al uso excesivo de decretos ejecutivos para temas sensibles. En sus palabras, este proceder equivale a “jugar con fuego”, pues pone en peligro no solo la estabilidad política sino también la confianza ciudadana en sus instituciones representativas.
En definitiva, este escenario plantea un desafío importante para las autoridades nacionales: fortalecer los canales de comunicación entre poderes públicos y garantizar que las decisiones trascendentales sean tomadas con participación plural y bajo los principios constitucionales vigentes. Solo así será posible consolidar un gobierno responsable, transparente y comprometido con el bienestar colectivo
