La reciente decisión del Gobierno de establecer un arancel cero para la importación de soya ha generado un debate significativo entre diversos sectores del país, especialmente en el ámbito productivo. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 5547, busca facilitar la entrada de soya al mercado nacional sin la carga impositiva habitual, con la intención declarada de fortalecer la industria local y aumentar la producción de derivados de este grano. Sin embargo, desde el sector agrícola y productivo, esta iniciativa ha sido recibida con escepticismo y críticas fundamentadas en la realidad económica y productiva del país.
Bolivia se posiciona como un importante productor y exportador de soya en la región, con una producción anual que supera ampliamente las necesidades del mercado interno. Según datos aportados por representantes del sector agropecuario, la producción nacional alcanza aproximadamente los tres millones de toneladas al año. De este total, apenas un 20%, es decir, cerca de 600.000 toneladas, se destina al consumo interno. Esto deja un excedente superior al 80%, que es exportado a distintos mercados internacionales. Esta dinámica no solo genera ingresos en divisas para el país, sino que también fomenta la generación de empleo y dinamiza sectores económicos vinculados a la producción y comercialización del grano.
Desde esta perspectiva, importar soya resulta contraproducente para la economía nacional porque implica una salida innecesaria de divisas. Al adquirir el grano en el extranjero, el país estaría destinando recursos financieros que podrían mantenerse o incrementarse mediante el impulso a las exportaciones. Así lo sostuvo Vicente Gutiérrez, expresidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), quien enfatizó que importar soya representa una fuga de dólares que podría evitarse si se aprovechara plenamente la capacidad productiva nacional.
Además, Gutiérrez subrayó que una política más adecuada debería centrarse en avanzar en aspectos tecnológicos como la biotecnología aplicada a los cultivos, lo cual permitiría incrementar aún más los volúmenes producidos y mejorar su calidad para competir mejor en los mercados internacionales. Esta demanda refleja una preocupación histórica del sector productivo frente al rezago tecnológico que enfrenta Bolivia en comparación con otros países vecinos que han adoptado innovaciones agrícolas con mayor rapidez.
Por su parte, desde las autoridades gubernamentales se argumenta que el arancel cero tiene como objetivo facilitar el acopio de soya para las industrias nacionales vinculadas a su procesamiento. El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, explicó que esta medida permitirá a las industrias que cuentan con capacidad instalada no utilizada incrementar su producción de derivados de soya destinados tanto al mercado interno como a la exportación. En teoría, esto generaría mayores ingresos en divisas para el país y potenciaría el desarrollo industrial vinculado a esta materia prima.
No obstante, esta visión gubernamental es cuestionada por actores clave del sector agrícola. Abraham Nogales, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), reiteró que dado el excedente actual en producción —que supera ampliamente los requerimientos internos— resulta innecesaria la importación libre de aranceles. Según Nogales, incentivar las importaciones podría afectar negativamente a los productores nacionales y desincentivar el desarrollo del sector agroindustrial local.
El debate sobre esta medida refleja tensiones entre diferentes visiones sobre cómo impulsar el desarrollo económico basado en uno de los principales productos agrícolas del país. Mientras desde el Gobierno se apuesta por fortalecer las industrias derivadas mediante facilidades para obtener materias primas adicionales, desde el sector productivo se advierte sobre los riesgos económicos y estratégicos asociados a depender o fomentar importaciones cuando existe una capacidad interna suficiente e incluso excedentaria.
En definitiva, esta decisión gubernamental tiene implicaciones directas sobre las finanzas nacionales y sobre los actores involucrados en toda la cadena productiva desde el campo hasta las industrias procesadoras. La controversia abre un espacio necesario para evaluar políticas públicas coherentes con las fortalezas productivas nacionales y orientadas a maximizar los beneficios económicos para Bolivia sin comprometer su autosuficiencia ni sus potencialidades exportadoras. El diálogo entre autoridades y productores será fundamental para definir estrategias equilibradas que permitan aprovechar plenamente el potencial agrícola del país sin generar impactos negativos innecesarios en su economía interna
