El proceso electoral subnacional que se encuentra en curso ha adquirido un tinte polémico a raíz de las declaraciones del candidato a gobernador Mario Cossío Cortez, quien ha denunciado públicamente una supuesta intención de proscripción en su contra. Según sus afirmaciones, la demora en la notificación oficial de su inhabilitación para participar en los comicios ensucia y pone en entredicho la transparencia del proceso electoral. Este escenario ha generado un clima de tensión entre los diferentes actores políticos involucrados y ha puesto bajo la lupa el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus vocales.
Cossío Cortez, quien al momento de ofrecer sus declaraciones aún no había recibido formalmente la resolución que determina su inhabilitación, manifestó que esta situación refleja una maniobra dilatoria por parte del órgano electoral. Aseguró que, pese a haber estado presente en la ciudad de La Paz días atrás, no se le entregó el documento que oficializa su exclusión, lo que impide que pueda ejercer las acciones legales correspondientes dentro de los plazos establecidos. Enfatizó que esta falta de notificación parece responder a un interés político para excluirlo de la contienda electoral, señalando directamente al TSE como responsable de este proceder arbitrario y poco transparente.
La denuncia del candidato apunta además a una presunta presión para imprimir las papeletas electorales sin incluir su nombre, lo cual consideró una medida abusiva que perjudicaría la legitimidad del proceso y afectaría el derecho de los votantes a elegir libremente. En este sentido, Cossío interpretó estas acciones como un intento deliberado de proscripción política, motivado por intereses ajenos a los principios democráticos fundamentales. A pesar de estas acusaciones, reconoció que existen diferencias entre los vocales del Tribunal Supremo Electoral y aquellos responsables en Tarija, quienes según él han tenido un comportamiento más adecuado.
Frente a cuestionamientos sobre su condición de refugiado político y su residencia prolongada en Tarija durante dos años, el candidato respondió señalando que no existe norma alguna que impida ser refugiado y residir eventualmente en el propio país. Consideró que tales señalamientos son fabricaciones destinadas a generar confusión y desacreditarlo. Asimismo, rechazó el emplazamiento realizado por un diputado afín al gobierno para demostrar supuestas influencias políticas detrás de su inhabilitación. Indicó que la demanda presentada contra él proviene de una militante de otra alianza política, lo cual para él constituye suficiente evidencia sobre el carácter político del accionar.
En contraposición a estas declaraciones, Adrián Oliva, candidato al mismo cargo por la alianza “Patria”, expresó su postura respecto a esta controversia. Oliva lamentó las acusaciones lanzadas hacia su sector político y señaló que ellos han sido víctimas constantes de ataques políticos durante todo este proceso electoral. Remarcó que la situación legal actual del postulante Cossío responde exclusivamente a las decisiones adoptadas por el Órgano Electoral y no a intereses partidarios o personales.
Oliva también hizo énfasis en las contradicciones detectadas en la documentación presentada por Cossío para habilitarse como candidato. Destacó especialmente las inconsistencias relacionadas con la declaración simultánea de residencia permanente en Tarija y refugio político en Paraguay, lo cual genera dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Según Oliva, estos errores e incongruencias son los factores determinantes para el proceso legal iniciado contra Cossío y no una persecución política.
Desde esta perspectiva se reafirma la importancia del respeto irrestricto a la ley electoral como pilar fundamental para fortalecer la democracia. Oliva subrayó que nadie está por encima del marco normativo establecido y recalcó que los requisitos para postularse deben cumplirse rigurosamente para garantizar elecciones justas y legítimas. Enfatizó además que permitir irregularidades socavaría el sistema democrático y atentaría contra la confianza ciudadana.
Este episodio pone al descubierto las complejidades y tensiones inherentes al desarrollo del proceso electoral subnacional actual. La demora en notificar formalmente decisiones cruciales como una inhabilitación puede generar incertidumbre jurídica y política entre candidatos y electores por igual. Además, plantea interrogantes sobre la imparcialidad y eficacia del órgano encargado de administrar el sufragio y velar por el cumplimiento estricto de las normas electorales.
Para la ciudadanía involucrada, estos hechos tienen implicaciones directas pues afectan no solo la elección misma sino también la percepción sobre la transparencia y legitimidad del proceso democrático local. La posibilidad de exclusión tardía o irregularidades administrativas puede impactar negativamente en el ejercicio pleno del derecho al voto libre e informado. Asimismo, alimenta desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar elecciones justas.
En conclusión, este conflicto entre candidatos refleja un escenario donde cuestiones legales se entrelazan con estrategias políticas dentro del marco electoral vigente. La resolución adecuada y oportuna por parte del Tribunal Supremo Electoral será crucial para preservar la integridad del proceso subnacional actual e impedir que episodios similares minen el sistema democrático localmente establecido. Mientras tanto, tanto actores políticos como ciudadanos observan con atención cómo se desarrollan los acontecimientos próximos ante esta disputa cargada de implicancias legales y políticas profundas
