La reciente aprehensión del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la responsabilidad en la administración pública local. La Fiscalía ha iniciado una investigación formal en su contra debido a presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos de pavimentación en la ciudad, lo que ha movilizado a distintos sectores sociales y políticos a exigir una indagación exhaustiva y sin parcialidades. Desde el Comité pro Santa Cruz, una entidad influyente en la sociedad civil local, su presidente Stello Cochamanidis destacó que si el órgano judicial ha procedido con la detención es porque existen indicios suficientes para sospechar que no solo Fernández estaría involucrado, sino también otras personas cercanas a su gestión.
Este señalamiento pone sobre la mesa la necesidad de ampliar el alcance de las pesquisas para identificar a todos los actores que podrían haber participado en las supuestas irregularidades. Cochamanidis enfatizó que no se trata únicamente del alcalde como individuo, sino de todo un entorno administrativo que podría estar implicado en actos ilícitos relacionados con los contratos y pagos por obras públicas. Esta postura refleja un reclamo social vigente hacia mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos municipales, especialmente cuando se trata de proyectos fundamentales para el desarrollo urbano como la pavimentación.
La denuncia que originó esta investigación fue presentada por Manuel Saavedra, exconcejal y candidato a alcalde por la agrupación VOS, quien argumenta que hubo desembolsos realizados para obras que no se ejecutaron completamente o cuyo avance fue insuficiente. Esta acusación apunta directamente a irregularidades financieras y administrativas dentro del municipio, afectando no solo el presupuesto público sino también la calidad de vida de los ciudadanos que esperan mejoras concretas en infraestructura vial. La denuncia se suma a otras críticas recurrentes sobre la gestión de Fernández al frente del gobierno municipal.
En este contexto, Cochamanidis insistió en que el proceso judicial debe ser claro y riguroso para garantizar justicia. Si durante la investigación se comprueba que hubo malversación o incumplimiento de responsabilidades administrativas, Fernández deberá responder ante las instancias legales correspondientes. Esta posición subraya la importancia del respeto al debido proceso pero también el compromiso con una administración pública limpia y eficiente.
Además de abordar las posibles irregularidades legales, las declaraciones del líder cívico también reflejan un juicio crítico hacia el desempeño general del alcalde durante su mandato. Considera que su gestión fue deficiente y dejó a Santa Cruz descuidada, lo cual tiene implicaciones directas para los habitantes de una ciudad que es uno de los principales centros urbanos del país. La percepción negativa sobre el manejo municipal puede incidir en futuras decisiones electorales y en la confianza ciudadana hacia sus representantes.
En suma, esta situación pone en evidencia tanto las demandas sociales por mayor control y transparencia en proyectos públicos como las tensiones políticas en torno a la administración local. La investigación abierta por parte de la Fiscalía representa un paso clave para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro del municipio cruceño. Para los ciudadanos, este proceso es fundamental no solo para sancionar posibles actos corruptos sino también para asegurar que la gestión pública responda efectivamente a sus necesidades y contribuya al desarrollo ordenado y sostenible de Santa Cruz de la Sierra
