La denuncia presentada contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos de pavimentación en la ciudad ha adquirido un notable impulso al recibir el respaldo de diversas autoridades y representantes tanto del ámbito legislativo como del Gobierno municipal y nacional. Esta creciente adhesión a la acusación refleja la gravedad con que se perciben las posibles faltas en la administración local y pone en evidencia una amplia preocupación institucional sobre la transparencia y legalidad en la gestión pública.
El proceso judicial que involucra a Fernández no solo cuenta con la denuncia inicial formulada por el exconcejal Manuel Saavedra, sino que se ha ampliado con la incorporación de figuras relevantes dentro del aparato municipal. Entre ellos destaca María Luisa Flores Medina, quien ocupa el cargo de directora de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción del Gobierno municipal. Su participación como denunciante subraya un compromiso oficial desde dentro de la administración local para esclarecer los hechos y asegurar que no se perpetúen actos irregulares que afecten los recursos públicos destinados al desarrollo urbano.
Adicionalmente, el respaldo a esta denuncia ha trascendido el ámbito local con la inclusión de los concejales Lola Terrazas y Alberto Vaca. La adhesión de estos funcionarios electos representa una señal clara desde el Concejo Municipal sobre su interés en fiscalizar las acciones del ejecutivo municipal y garantizar que se respeten los procedimientos legales en proyectos clave para la ciudad como es la pavimentación, una obra fundamental para mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los ciudadanos.
La denuncia también ha recibido apoyo del diputado Rolando Santos Pacheco Chávez, lo que indica un nivel más amplio de preocupación política que llega hasta instancias legislativas departamentales o nacionales. Esta ampliación del respaldo institucional contribuye a aumentar la presión sobre las autoridades responsables para que se investigue con rigor cualquier anomalía detectada y se establezcan responsabilidades en caso de confirmarse irregularidades.
En representación del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García ha manifestado su respaldo a esta acción legal. La participación directa de este organismo gubernamental resalta el interés estatal por promover mecanismos efectivos contra la corrupción y proteger los derechos ciudadanos mediante una gestión pública transparente y responsable.
Cabe recordar que esta denuncia no es un hecho aislado dentro del historial judicial que rodea a Jhonny Fernández. Desde el Concejo Municipal se ha señalado que el alcalde acumula más de 120 procesos legales, lo cual pone en relieve una trayectoria marcada por constantes cuestionamientos legales y éticos. Este contexto añade complejidad al caso actual e invita a reflexionar sobre las implicaciones políticas y administrativas que puede tener para Santa Cruz una gestión envuelta en múltiples investigaciones.
En suma, el creciente respaldo a la denuncia contra Jhonny Fernández por presuntas irregularidades en obras públicas relacionadas con pavimentación evidencia una preocupación compartida entre diferentes sectores políticos y gubernamentales sobre la transparencia en el manejo de recursos municipales. La convergencia de voces provenientes tanto del propio Gobierno local como del Legislativo y entidades estatales sugiere un escenario donde las investigaciones podrían profundizarse con miras a garantizar una rendición completa de cuentas y fortalecer los mecanismos anticorrupción dentro del municipio. Esta situación adquiere especial relevancia para los habitantes de Santa Cruz, quienes esperan que las obras públicas respondan efectivamente a sus necesidades sin comprometer principios éticos ni legales fundamentales para una administración pública confiable
