La Fiscalía de La Paz ha iniciado una investigación profunda que involucra a tres exministros y a los exgerentes de la empresa estatal Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), en relación con la quiebra de esta institución y un daño económico estimado en 101 millones de bolivianos. Este caso ha generado gran preocupación, debido al impacto financiero que representa para el Estado y a las posibles irregularidades administrativas detectadas durante la gestión de esta entidad.
B-Agro fue creada en abril de 2022 con un capital inicial asignado por el Estado de 140 millones de bolivianos, con el objetivo principal de fomentar la producción agropecuaria mediante la compra de semillas y el almacenamiento de productos, bajo la premisa de garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia. Sin embargo, durante su corta existencia, la empresa acumuló una deuda significativa que pone en entredicho su manejo financiero y administrativo.
La fiscal a cargo del caso, Magaly Bustamante, informó que el exgerente de B-Agro, William Villarpando, quien asumió el liderazgo desde 2022 hasta momentos recientes, fue aprehendido tras presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para rendir su declaración. No obstante, decidió acogerse a su derecho al silencio. Villarpando tenía bajo su responsabilidad la representación legal de la empresa, la administración del presupuesto asignado para su desarrollo, así como la firma de contratos y convenios necesarios para las operaciones diarias. Además, le correspondía gestionar y aprobar el Plan Operativo Anual para asegurar el funcionamiento adecuado de B-Agro.
Entre los implicados también se encuentran tres exministros del área rural que formaron parte del gobierno encabezado por Luis Arce entre 2020 y 2025: Remmy Gonzales Atila, Santos Condori y Juan Yamil Flores Lazo. Gonzales Atila ocupó el cargo durante un período prolongado desde marzo de 2021 hasta marzo de 2024; posteriormente fue reemplazado por Condori, quien ejerció solo cinco meses antes de ceder la cartera a Flores Lazo hasta el cambio gubernamental. Estos ministros están siendo investigados por no haber tomado medidas correctivas ante los reportes financieros negativos que alertaban sobre las dificultades económicas que enfrentaba B-Agro.
El análisis realizado por los técnicos financieros revela múltiples irregularidades que habrían contribuido a la quiebra del organismo. Entre ellas destaca el cierre formal en mayo de 2024 de una unidad esencial para B-Agro: la Gerencia Pecuaria. A pesar del cierre, el responsable continuó percibiendo un salario mensual elevado durante ocho meses sin realizar labores efectivas. Esta situación representa un gasto injustificado que evidencia negligencia o mala gestión en los recursos humanos.
Otra anomalía importante se detectó en el manejo económico relacionado con los almacenes agropecuarios donde se reportaron egresos por aproximadamente 24 millones de bolivianos; sin embargo, las ganancias generadas fueron inferiores a 13 millones. Esta discrepancia apunta hacia una administración ineficiente o posiblemente irregular en el uso del presupuesto destinado a estas operaciones.
Asimismo, se encontró que B-Agro incurrió en gastos innecesarios por alquileres de terrenos para cultivos cuando ya contaba con terrenos propios otorgados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Esta duplicidad genera dudas sobre la justificación real para tales desembolsos y pone en evidencia una falta grave en planificación y control financiero.
Las observaciones continúan con contrataciones presuntamente indebidas tanto en personal como en maquinaria agrícola para actividades desarrolladas principalmente en Santa Cruz, donde ya existían recursos humanos y equipos disponibles dentro de B-Agro. Estas acciones redundan nuevamente en gastos superfluos que afectan directamente al patrimonio estatal.
Las auditorías también revelaron una acumulación preocupante de pasivos a corto y largo plazo. Entre las obligaciones impagas figura el incumplimiento en la devolución anticipada y garantías retenidas a proveedores contratados por B-Agro; además persisten adeudos salariales correspondientes al año 2024. Estos hechos no solo deterioran la confianza entre proveedores sino también afectan directamente a los trabajadores involucrados.
En conjunto, estas irregularidades han provocado una pérdida equivalente al 72% del capital inicial con el cual fue constituida esta institución estatal. Esta situación financiera crítica llevó a que se solicite ante la justicia medidas cautelares estrictas contra Villarpando, incluyendo su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Este caso refleja no solo un severo daño económico al Estado sino también un cuestionamiento profundo sobre los mecanismos internos de control y supervisión dentro del sector público agropecuario durante este período gubernamental. La investigación busca esclarecer responsabilidades concretas no solo del exgerente sino también del equipo ministerial encargado durante esos años, quienes debieron velar por una gestión transparente y eficiente para cumplir con los objetivos planteados desde su creación.
La población boliviana sigue atentamente este proceso judicial debido a las implicancias directas sobre los fondos públicos destinados al desarrollo rural e incentivo agropecuario; sectores estratégicos para garantizar seguridad alimentaria e impulsar crecimiento económico sostenible. Este episodio pone sobre la mesa la urgencia de fortalecer los sistemas administrativos estatales para evitar futuros desfalcos o malos manejos similares que pongan en riesgo recursos fundamentales para el bienestar social y productivo del país
