El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde el Palacio Judicial hasta el penal de Palmasola, donde pasó su primera noche en detención preventiva. Este traslado se llevó a cabo inmediatamente después de que concluyera una extensa audiencia cautelar que se prolongó por alrededor de cinco horas y finalizó cerca de las 18:20. Sin escalas intermedias, Fernández ingresó al penal a las 19:40 y fue ubicado en el pabellón PC-6, un área destinada habitualmente a funcionarios públicos, incluidos policías, jueces y otros servidores judiciales. Esta asignación responde a protocolos penitenciarios específicos que buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del centro carcelario.
La decisión de imponer una detención preventiva por un plazo de 100 días fue tomada por la jueza María Alejandra Menacho, titular del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia N° 14, tras analizar los antecedentes y argumentos presentados durante la audiencia. La medida se fundamenta en una investigación abierta por la Fiscalía en el marco del caso denominado ‘Pavimento’, que involucra presuntas irregularidades en obras públicas ejecutadas durante la gestión municipal. Fernández enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, delitos que fueron imputados luego de que se presentara una denuncia formal contra él.
El origen del proceso judicial se remonta a una denuncia interpuesta por el exconcejal Manuel Saavedra, quien alertó sobre supuestas obras incompletas en pavimentación municipal. Según un informe emitido por la Contraloría General del Estado durante el año 2023, las obras denunciadas presentan una falta considerable que supera el kilómetro en extensión, pese a que oficialmente fueron reportadas como concluidas. Esta situación habría generado un perjuicio económico estimado en aproximadamente 6,7 millones de bolivianos para la comuna cruceña. Durante la audiencia, Fernández cuestionó la ausencia del denunciante y expresó su descontento con lo que consideró una falta de presencia directa en la inspección correspondiente.
El equipo legal del alcalde anunció su intención de apelar la decisión judicial, evidenciando así una disputa legal que continuará desarrollándose en las próximas semanas. La defensa presentó tres incidentes previos a la resolución final; sin embargo, estos fueron rechazados por la jueza Menacho antes de proceder con la exposición formal de cargos y descargos.
Este hecho ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato del gobierno municipal en Santa Cruz de la Sierra. La detención preventiva impide al alcalde cumplir con sus funciones desde fuera del penal, lo cual plantea interrogantes sobre cómo se manejará la administración local durante este período crítico. El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, indicó que esperará conocer a detalle los fundamentos legales emitidos por el juzgado antes de tomar alguna medida adicional. No descartó convocar a una sesión urgente para evaluar si es necesario designar un alcalde interino mientras se resuelve este proceso judicial.
Medrano enfatizó que no debe existir un vacío en el liderazgo municipal y destacó la importancia de contar con una autoridad que conduzca el municipio durante esta etapa final del mandato actual, cuyo plazo vence el próximo 3 de mayo. La continuidad administrativa es vital para garantizar el normal desarrollo institucional y evitar paralizaciones o vacíos que puedan afectar los servicios públicos o proyectos pendientes.
En suma, la situación vivida por Jhonny Fernández no solo representa un hecho relevante dentro del ámbito político local sino también un episodio significativo para los ciudadanos cruceños, quienes observan con atención cómo se desarrollan los procesos legales relacionados con sus autoridades electas. El caso ‘Pavimento’ pone bajo escrutinio las prácticas administrativas municipales y abre un debate sobre transparencia y responsabilidad pública en obras financiadas con recursos estatales. A medida que avanza esta investigación y las instancias judiciales emiten sus decisiones subsecuentes, se definirá no solo el destino político del alcalde sino también las medidas necesarias para asegurar una gestión eficaz y legítima en Santa Cruz de la Sierra
