En el marco de una intensa agenda oficial que incluyó una reunión con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, el mandatario Rodrigo Paz Pereira abordó la controversia nacional generada por la distribución de gasolina contaminada o “desestabilizada” que ha afectado a miles de vehículos en el país. Este problema ha desatado un amplio debate público y político, evidenciando tensiones en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Durante su intervención, el presidente Paz Pereira denunció un supuesto acto de sabotaje que habría comprometido la calidad del combustible distribuido en las estaciones de servicio, afectando a numerosos ciudadanos que reportaron fallas mecánicas en sus automotores tras cargar gasolina. Sin embargo, enfatizó que este posible boicot no puede ser utilizado como excusa para evadir las responsabilidades estatales y que el Gobierno está comprometido con encontrar una solución efectiva para resarcir los daños causados a la población.
El mandatario hizo un llamado a evitar la politización del tema, subrayando que las investigaciones serán llevadas adelante bajo criterios técnicos y profesionales, y aseguró que los responsables serán identificados y procesados judicialmente. En su discurso, comparó esta situación con otros procesos judiciales contra exautoridades acusadas de corrupción, reafirmando que quienes hayan perjudicado al país mediante la distribución del combustible contaminado también enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.
Esta declaración se produce en un contexto marcado por una creciente tensión política. El vicepresidente Edmand Lara convocó a una sesión plenaria para interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y exigir respuestas claras sobre la crisis del combustible. La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores tanto del Movimiento Libre como del Partido Demócrata Cristiano (PDC), partido con el cual el presidente Paz Pereira accedió al poder.
No obstante, esta convocatoria fue rechazada por parte del Ejecutivo. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó que el ministro Medinacelli no asistirá a la Asamblea Legislativa alegando que la convocatoria no cumple con los procedimientos establecidos en el reglamento parlamentario. Según explicó Santamaría, la normativa vigente impide interpelar dos veces a la misma autoridad por un mismo tema durante una misma legislatura. En este caso particular, señaló que se habían planteado dos interpelaciones sobre el mismo asunto en fechas próximas, lo cual contraviene las disposiciones reglamentarias.
Santamaría enfatizó que esta decisión responde a un estricto apego al cumplimiento normativo y no a cuestiones políticas o constitucionales. Además, indicó que se han rechazado tanto peticiones de informes escritos como orales debido a incumplimientos formales en los procedimientos requeridos para llevar adelante una interpelación válida.
En respuesta a esta postura oficial, algunos legisladores mantienen firme su apoyo a la convocatoria. La líder de bancada de Libre, Tomasa Yarhui, manifestó su desacuerdo con la negativa del ministro Medinacelli a presentarse ante la Asamblea y destacó la necesidad de transparencia para esclarecer esta crisis que afecta directamente al bolsillo y seguridad de los ciudadanos.
El caso de la gasolina contaminada ha generado un malestar considerable entre los propietarios de vehículos afectados, quienes denunciaron fallas técnicas atribuibles al combustible adquirido en diversas estaciones del país. Esta situación ha puesto bajo presión al Gobierno para responder con eficacia y garantizar la calidad y seguridad del suministro energético nacional.
El presidente Paz Pereira insistió en que más allá de identificar culpables o enfrentar limitaciones estructurales heredadas por anteriores gestiones gubernamentales, es fundamental restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y asegurar una gestión responsable. En este sentido hizo un llamado a mantener la paciencia mientras se desarrollan las investigaciones técnicas pertinentes y se implementan medidas correctivas.
Este episodio revela no solo un desafío operativo para las autoridades encargadas del sector hidrocarburos sino también una coyuntura política compleja donde convergen demandas sociales legítimas y disputas institucionales por responsabilidades políticas. La resolución satisfactoria del conflicto será clave para fortalecer la gobernabilidad y garantizar estabilidad en un servicio esencial para millones de personas en todo el país
