La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido una decisión que ha generado controversia y descontento entre algunos sectores políticos. En una breve nota oficial, el órgano electoral rechazó la investigación de una denuncia presentada por presunta “extorsión electoral” en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe. Esta denuncia se fundamentaba en un audio atribuido al propio gobernador durante una reunión con funcionarios y consultores, realizada el 7 de enero, en la cual se habrían planteado condiciones vinculadas a contratos y trabajo político.
La acusación fue formulada por los asambleístas departamentales Israel Alanoca y Fernando Condori el 13 de febrero, quienes solicitaron al TSE que se investigara a la autoridad departamental por posibles irregularidades electorales. Sin embargo, la respuesta del Tribunal llegó apenas cinco días después, el 18 de febrero, mediante un documento escueto que carecía de mayores explicaciones o análisis detallados sobre la gravedad o veracidad de las denuncias planteadas.
El texto oficial del TSE indica que la Sala Plena consideró que este tipo de denuncias debe ser presentada ante las autoridades jurisdiccionales competentes, es decir, la Fiscalía, y no bajo competencia del Órgano Electoral. La comunicación firmada por Fernando Arteaga, secretario de Cámara del TSE, no abordó el fondo del asunto ni abrió una línea directa para continuar con las indagaciones dentro del ámbito electoral.
Esta postura generó reacciones inmediatas entre los denunciantes. El asambleísta Fernando Condori expresó su profundo malestar y calificó la decisión como un “total desconocimiento de la Ley 026 de Régimen Electoral”, señalando que esta normativa establece claramente el deber del TSE para investigar y sancionar cualquier irregularidad relacionada con procesos electorales. Ante ello, los asambleístas enviaron un segundo escrito al Tribunal para objetar su resolución inicial y exigir que se cumpla con lo estipulado en la ley electoral vigente. A la fecha, no han recibido una nueva respuesta formal.
El trasfondo de esta denuncia está vinculado a grabaciones difundidas a través de grupos de WhatsApp pertenecientes al Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y a bloques políticos relacionados con Unidos por el Cambio (UPC), partido bajo cuya sigla Santos Quispe competirá en las próximas elecciones programadas para el 22 de marzo. En estos audios se escuchan voces que presuntamente corresponden al gobernador Quispe solicitando apoyo político a cambio de asegurar contratos laborales por un año a los funcionarios presentes en la reunión.
La convocatoria a este encuentro contó con la participación no solo del gobernador sino también de figuras relevantes como Zenón Quispe, exsecretario departamental de Desarrollo Social y Comunitario y actual jefe de campaña del UPC; Brígido Chipana Calderón, exsecretario de Desarrollo Económico y Transformación Industrial; así como Beatriz Churata Mamani, directora técnica del Sedeges. Estas personas fueron señaladas indirectamente por su presencia en el acto donde se habrían planteado estas condiciones electorales vinculadas a beneficios laborales.
De este grupo solo Zenón Quispe respondió a las consultas realizadas por EL DEBER. En su defensa negó rotundamente las acusaciones e incluso sugirió que las grabaciones podrían haber sido manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial, poniendo en duda la autenticidad del material presentado por los denunciantes. Además, señaló con ironía que los asambleístas opositores han realizado múltiples denuncias contra Santos Quispe desde su gestión, pero hasta ahora ninguna ha logrado ser comprobada o sancionada.
La situación refleja un escenario complejo dentro del proceso electoral en La Paz donde se entrecruzan denuncias por posibles irregularidades políticas con respuestas institucionales que parecen diluir sus responsabilidades en materia electoral. La negativa del TSE a investigar directamente esta denuncia genera inquietud sobre el alcance real que tiene el órgano electoral para garantizar transparencia y equidad en los comicios venideros.
Por otro lado, esta controversia pone en evidencia tensiones internas en el ámbito político departamental donde actores clave disputan no solo cargos sino también legitimidad ante la opinión pública. Para la ciudadanía involucrada y observadores electorales resulta fundamental conocer cómo se procesan estas denuncias para preservar la confianza en los mecanismos democráticos y evitar posibles prácticas coercitivas o extorsivas vinculadas al uso indebido del poder público durante campañas electorales.
En suma, mientras continúan las gestiones legales y políticas alrededor de esta denuncia sin una resolución clara dentro del Órgano Electoral, persiste un clima de incertidumbre respecto a las garantías electorales en La Paz. El caso sigue abierto a interpretación y debate público sobre cuál debe ser el rol efectivo e independiente del TSE frente a situaciones que involucran presuntas conductas irregulares cometidas por autoridades en ejercicio durante procesos electorales cruciales para el futuro político regional
