En respuesta a una grave denuncia sobre un presunto sabotaje que afecta la calidad de la gasolina suministrada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las Fuerzas Armadas han desplegado un operativo significativo para reforzar la seguridad en las instalaciones estratégicas de la estatal petrolera. Esta medida, anunciada oficialmente por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, implica la movilización de 1.500 efectivos militares distribuidos en 16 plantas ubicadas en los principales departamentos del país, con el propósito de garantizar la integridad y funcionamiento adecuado de estas infraestructuras vitales para la economía nacional.
Este despliegue forma parte del plan denominado “San Alberto”, una estrategia integral que involucra a tropas especiales, oficiales y soldados cuya misión central es resguardar las instalaciones estratégicas del Estado y prevenir la repetición de actos sabotaje que pongan en riesgo el suministro y calidad del combustible. La implementación de este plan responde directamente a las denuncias formuladas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien alertó sobre irregularidades detectadas en la calidad de la gasolina durante semanas recientes. Según el mandatario, estos hechos no pueden ser considerados meros descuidos técnicos o fallas operativas, sino que se trataría de acciones deliberadas impulsadas por estructuras organizadas con intereses particulares que buscan proteger sus negocios e impunidad a costa del bienestar nacional.
El ministro Salinas enfatizó que esta intervención militar se fundamenta en lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE), que atribuye a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de preservar y proteger las instalaciones estratégicas nacionales, entre ellas YPFB. En este marco constitucional, el resguardo militar no solo es legítimo sino necesario para salvaguardar un recurso tan sensible como el combustible, esencial para múltiples sectores productivos y para el transporte en todo el país. Además, se ha determinado que esta presencia castrense se mantendrá durante el tiempo que sea necesario hasta esclarecer completamente las denuncias formuladas y neutralizar cualquier intento de sabotaje.
En cuanto al operativo específico dentro de los recintos petroleros, los efectivos militares están encargados principalmente del control perimetral, regulando estrictamente el ingreso y restringiendo el acceso a personas no autorizadas. Esta medida busca evitar infiltraciones o manipulaciones externas que puedan comprometer nuevamente la calidad o seguridad del combustible producido. Asimismo, se está evaluando la posibilidad de extender esta protección al transporte del combustible mediante cisternas, acompañando estos vehículos con personal militar para impedir cualquier interferencia durante su traslado desde las plantas hasta los puntos de distribución.
Para ello, el ministro Salinas hizo un llamado formal a las autoridades competentes dentro del área petrolera para solicitar dicha cooperación militar mediante los canales oficiales correspondientes. De esta manera, se asegura una coordinación efectiva entre YPFB y las Fuerzas Armadas que permita garantizar tanto la seguridad física como operativa en toda la cadena logística relacionada con el combustible.
Este despliegue y resguardo representan una respuesta contundente frente a una situación crítica que afecta directamente a un sector estratégico para Bolivia. El compromiso estatal es claro: proteger los recursos nacionales contra cualquier amenaza interna o externa que pueda afectar su producción o distribución. Además, este caso pone en evidencia la vulnerabilidad ante actos organizados que buscan desestabilizar sectores clave con fines particulares. Por ello, más allá del operativo militar inmediato, estas acciones abren un espacio para reflexionar sobre mecanismos más robustos de vigilancia y control en empresas estatales vitales.
En suma, el accionar conjunto entre autoridades civiles y militares busca preservar no solo la integridad física de las plantas petroleras sino también asegurar un suministro confiable y seguro para toda la población boliviana. La prevención frente al sabotaje es fundamental para mantener la estabilidad energética y económica nacional, evitando perjuicios mayores tanto para los ciudadanos como para las instituciones públicas encargadas de administrar recursos estratégicos como YPFB
