A menos de un mes para las elecciones subnacionales, que definirán las nuevas autoridades en cada departamento del país, la discusión sobre la redistribución de recursos públicos adquiere una relevancia crítica. La necesidad de garantizar que gobernaciones y alcaldías cuenten con los fondos suficientes para cumplir sus funciones ha generado una creciente presión política y social. Esta demanda se enmarca en el debate sobre la implementación de un pacto fiscal o la adopción del llamado “50/50”, una promesa electoral formulada por el presidente Rodrigo Paz, que plantea una distribución equitativa de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria: un 50% para el Gobierno Nacional y el otro 50% para ser repartido entre los gobiernos subnacionales.
Pese a la cercanía de las elecciones y la urgencia del tema, el proyecto no ha avanzado ni siquiera hacia un debate formal. Transcurridos los primeros cien días de la administración de Paz, ni el pacto fiscal ni la propuesta del “50/50” han sido materializados. Más aún, desde el propio Ejecutivo se reconoce que un acuerdo al respecto no está previsto en el corto plazo; en enero, el presidente señaló que solo a finales de su mandato, previsto para 2030, podría concretarse esta redistribución.
Actualmente, la concentración del poder financiero es notable: el Gobierno central administra aproximadamente el 87% del presupuesto estatal total, mientras que apenas un 13% se distribuye entre los 343 gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como las 12 universidades estatales. Las gobernaciones reciben recursos adicionales por concepto de regalías y por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero esta asignación resulta insuficiente para cubrir sus responsabilidades.
En este contexto, la senadora tarijeña Marcela Guerrero ha presentado un proyecto de ley con miras a priorizar y sistematizar este proceso. Guerrero sostiene que debe tratarse de un trabajo coordinado y minucioso con los principales actores locales: alcaldías y gobernaciones. Su propuesta plantea trabajar “por tiempo y materia”, lo que implica analizar detalladamente criterios fundamentales como territorio, población y niveles de pobreza en cada uno de los más de 300 municipios del país.
Guerrero critica duramente la ausencia hasta ahora de un pacto fiscal efectivo, calificándola como un fracaso derivado no tanto de fallas en la Ley Marco de Autonomías sino por su manejo político. Enfatiza que muchos municipios son extremadamente pobres y pequeños, lo cual requiere medidas específicas como la distritalización para evitar que los recursos se destinen predominantemente a gastos corrientes en lugar de inversión productiva. Además, señala que varios municipios carecen incluso de capacidad para generar ingresos propios, situación similar a algunas gobernaciones.
El proyecto presentado por Guerrero propone también que sea el Consejo Nacional de Autonomías —integrado por las autoridades electas en las próximas elecciones— quien lidere el trabajo técnico para redistribuir los recursos. De esta manera se evitaría delegar esta responsabilidad exclusivamente al Viceministerio o al Servicio Estatal de Autonomías (SEA), instituciones vinculadas al Ejecutivo central.
Las preocupaciones sobre la disponibilidad futura de recursos no son infundadas. La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) proyecta una reducción cercana al 24% en los ingresos provenientes del IDH para la gestión 2026. Esta caída presionará aún más al Gobierno central para avanzar con medidas concretas que permitan compensar esa disminución o implementar mecanismos efectivos para redistribuir fondos.
Frente a este escenario complejo, la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) ha demandado con firmeza avances claros en una propuesta viable para redistribuir recursos bajo el mandato presidencial actual. Gabriela Vilca, directora ejecutiva de AMT, recordó que ya existían acuerdos preliminares con representantes gubernamentales para conformar mesas técnicas destinadas a trabajar en torno al “50/50”. Sin embargo, esas expectativas se vieron frustradas tras declaraciones oficiales contradictorias que sembraron dudas sobre la entrega real e inmediata del dinero comprometido.
Mientras tanto, el presidente Paz intenta mitigar tensiones enfatizando que el “50/50” no debe entenderse únicamente como una cuestión monetaria sino como un “gran acuerdo nacional” orientado a transformar integralmente la autonomía territorial. En recientes declaraciones durante un acto en Tarija subrayó que este pacto deberá construirse junto con las autoridades electas después del proceso electoral próximo. Asimismo destacó que esta iniciativa implica cambios profundos en modalidades administrativas, procesos institucionales e incluso aspectos relacionados con transparencia y lucha contra corrupción.
Desde una perspectiva constitucional, expertos señalan que ya existen parámetros claros sobre cómo deben distribuirse los recursos públicos entre niveles gubernamentales. El abogado constitucionalista Carlos Bellot explica en su análisis que la Constitución Política del Estado establece principios basados en proporcionalidad relacionados con las necesidades territoriales vinculadas a calidad de vida; las competencias asignadas a cada nivel gubernamental; y su capacidad recaudatoria. Por ello sostiene que cualquier propuesta —incluido el “50/50”— debe ajustarse estrictamente a estas normas fundamentales.
Bellot advierte además que esta redistribución no puede interpretarse como una cesión voluntaria o acto político altruista por parte del Gobierno central sino como una obligación constitucional ineludible. Según su interpretación técnica, si se respeta cabalmente lo establecido en la Carta Magna probablemente la participación financiera destinada a gobiernos subnacionales debería superar ampliamente ese umbral del 50%. Finalmente concluye que lo adecuado es avanzar hacia un pacto fiscal consensuado mediante legislación nacional específica, garantizando así inversiones sostenibles orientadas a mejorar o preservar condiciones dignas e inclusivas para toda la población.
En suma, aunque existe consenso sobre la urgencia e importancia del debate fiscal territorial y su impacto directo sobre gobernabilidad local y desarrollo regional equilibrado, persisten trabas políticas e institucionales que dificultan su concreción inmediata. La combinación entre demandas legítimas desde municipios históricamente marginados y limitaciones presupuestarias hace indispensable encontrar fórmulas técnicas inclusivas basadas en diálogo efectivo entre todos los actores involucrados durante este ciclo electoral decisivo. La manera cómo se resuelva este desafío tendrá repercusiones directas sobre calidad institucional y bienestar social durante buena parte del próximo decenio
