La crisis política que sacudió a Bolivia en 2019 continúa generando análisis y debates profundos, incluso siete años después de los hechos. En este marco, un grupo de investigadores de la Universidad Católica Boliviana (UCB) ha aportado una perspectiva jurídica sustancial que busca esclarecer el carácter y las implicaciones legales de los acontecimientos que condujeron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, así como la sucesión constitucional que siguió a esos eventos. Su trabajo, plasmado en el libro titulado La crisis constitucional boliviana de 2019; elementos para su análisis jurídico, ofrece una mirada detallada sobre dos aspectos fundamentales que, según sus autores, sustentan jurídicamente la existencia de una crisis política y un vacío de poder en aquel momento.
Los investigadores Tatiana Fernández, Bernardo Pacheco y Gonzalo Gálvez se centran inicialmente en un error crucial cometido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este tribunal se atribuyó la facultad de interpretar unilateralmente el Pacto de San José de Costa Rica, un tratado internacional multilateral que protege derechos humanos, para justificar la posibilidad de reelección indefinida del presidente. Esta interpretación fue utilizada para validar la reelección continua del mandatario, desestimando así una disposición clara de la Constitución Política del Estado (CPE) que establecía límites explícitos a esa reelección. El TCP argumentó que los derechos políticos garantizados por el pacto internacional prevalecían sobre las normas constitucionales nacionales; sin embargo, según los autores, esta acción excedió las competencias del tribunal y vulneró principios constitucionales fundamentales. La interpretación correcta y legítima del tratado corresponde únicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante mecanismos como opiniones consultivas, por lo cual el TCP habría cometido un “grave error” al asumir esta tarea sin respaldo jurídico adecuado.
Este conflicto interpretativo tiene raíces claras en el referéndum constitucional realizado en febrero de 2016. En esa consulta popular más del 51% de los ciudadanos rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución para permitir una única reelección presidencial adicional. A pesar del rechazo popular expresado democráticamente, el TCP dio paso a una interpretación que habilitaba reelecciones indefinidas bajo argumentos internacionales, lo cual generó un clima político tenso y contribuyó a desencadenar posteriores conflictos.
El segundo aspecto jurídico destacado por los investigadores se relaciona con las consecuencias políticas y legales derivadas de la renuncia y salida definitiva del país tanto de Evo Morales como de Álvaro García Linera en noviembre de 2019. Tras presentar su dimisión en medio de una grave crisis social y política, ambos solicitaron asilo político permanente en México al día siguiente y abandonaron Bolivia desde el aeropuerto internacional en Chimoré. Los autores señalan que esta situación no puede considerarse simplemente una ausencia temporal ni un viaje oficial; al obtener asilo político con residencia permanente fuera del país se configuró jurídicamente una ausencia definitiva e irreversible respecto a sus funciones gubernamentales.
Este vacío absoluto en las máximas autoridades ejecutivas dejó un espacio institucional sin titularidad clara. A ello se sumaron las sucesivas renuncias dentro del oficialismo: primero la presidenta del Senado Adriana Salvatierra, luego el presidente de Diputados Víctor Borda y después el primer vicepresidente del Senado Rubén Medinacelli también renunciaron a sus cargos. Como consecuencia directa, la línea sucesoria recayó en Jeanine Áñez, quien era segunda vicepresidenta del Senado. Ella asumió primero la presidencia del Senado y posteriormente la jefatura del Estado conforme a lo establecido por la Constitución y jurisprudencia previa del TCP (Declaración Constitucional 003/2001), sin necesidad de leyes adicionales o actos protocolares específicos.
Este análisis jurídico reafirma para los investigadores que la transición hacia el gobierno interino encabezado por Áñez fue la única opción constitucional viable frente al vacío institucional generado tras las renuncias masivas. Se descarta así cualquier interpretación basada en golpes de Estado o usurpaciones ilegítimas desde esta perspectiva académica.
En este contexto, la Iglesia Católica boliviana ha ratificado públicamente su posición respecto a estos hechos históricos. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pessoa, ha reiterado que no hubo golpe de Estado sino un abandono voluntario e irreversible del poder por parte del entonces mandatario. Además destacó el rol pacificador desempeñado por esta institución religiosa durante aquel período crítico al facilitar espacios para el diálogo nacional con miras a estabilizar al país.
La autora Tatiana Fernández enfatiza que su obra mantiene un enfoque científico riguroso alejado de posturas emocionales o partidistas sobre los acontecimientos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019. Busca aportar claridad jurídica basada exclusivamente en hechos comprobables para enriquecer la comprensión pública sobre uno de los episodios más complejos en la historia política reciente boliviana.
Por último, figuras como el exsenador Óscar Ortiz —quien participó activamente en las mesas diálogo durante ese año— han destacado también el papel fundamental que jugó la Iglesia junto con organismos internacionales como Naciones Unidas y representantes diplomáticos europeos para evitar una confrontación civil mayor dentro del país. Recordó cómo las protestas violentas registradas especialmente en ciudades como La Paz y Cochabamba pusieron al borde una escalada hacia un conflicto civil potencialmente catastrófico debido a tomas violentas y destrucción masiva tanto en edificios públicos como viviendas particulares.
El lanzamiento público del libro coincide con el décimo aniversario del referéndum constitucional rechazado popularmente conocido como 21F —fecha clave para entender las raíces profundas del conflicto— y ocurre además mientras Bolivia transita hacia otro proceso político importante. Esta publicación busca contribuir con un marco analítico sólido para quienes deseen comprender mejor los fundamentos legales detrás de aquella crisis histórica que sigue marcando profundamente el escenario político nacional hasta hoy
