El presidente Rodrigo Paz Pereira ha vuelto a poner en el centro del debate político la profundidad y alcance de su propuesta emblemática conocida como 50/50, un planteamiento que busca transformar la relación entre el nivel central del Estado y las regiones a través de una redistribución no solo de recursos, sino también de competencias y responsabilidades. Desde Sucre, durante una reunión interinstitucional con emprendedores en la Casa Empresarial, el mandatario subrayó que para avanzar en esta reforma es imprescindible eliminar un conjunto significativo de normativas vigentes que, en su diagnóstico, mantienen un “Estado tranca” que limita la autonomía regional.
Paz explicó ante los medios que el verdadero desafío para poner en marcha el 50/50 no reside únicamente en realizar anuncios políticos o promesas electorales, sino en concretar un cambio normativo profundo que involucra la derogación o modificación de cerca de 60 leyes y más de 40 decretos. Esta cantidad considerable de disposiciones legales representa las barreras institucionales que hoy impiden una verdadera descentralización y autonomía efectiva para gobernaciones y municipios. Enfatizó que su propuesta debe entenderse como un rediseño integral del Estado, donde las responsabilidades y competencias sobre sectores clave como salud y educación sean compartidas entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
Esta iniciativa ha adquirido renovado impulso en el contexto de las elecciones subnacionales, donde gobernaciones y municipios están demandando un mayor margen financiero para afrontar sus competencias con mayor autonomía. El reclamo principal se centra en la actual distribución tributaria, pues cerca del 75% de los ingresos impositivos se concentran en el nivel central, dejando solo una porción minoritaria para regiones y universidades. El Gobierno plantea revisar este esquema para lograr una distribución más equitativa como parte del plan 50/50.
Sin embargo, la discusión política se ha tensado tras recientes declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Al ser consultada sobre los plazos para consolidar esta redistribución, Barrientos señaló que resulta difícil precisar cuánto tiempo tomará el proceso, mencionando un rango amplio que fue interpretado como falta de claridad o rumbo definido. Esta afirmación generó una inmediata reacción crítica desde Santa Cruz, donde el gobernador Luis Fernando Camacho exigió la destitución de Barrientos y anunció que su Gobernación se retiraría de las reuniones del Consejo de Autonomía mientras ella permanezca en el cargo.
En respuesta a esta escalada política, Barrientos intentó matizar su posición asegurando que lo peor sería imponer plazos acelerados sin consenso previo. Reafirmó que ya se ha iniciado un proceso de trabajo y diálogo con las regiones y la ciudadanía para avanzar gradualmente hacia la implementación del 50/50. No obstante, reiteró la dificultad inherente a fijar tiempos concretos dada la complejidad del cambio normativo requerido.
Desde el ámbito legislativo también se han pronunciado voces buscando contener las tensiones políticas. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, optó por promover una salida dialogada ante las diferencias manifestadas entre autoridades nacionales y regionales. Destacó que cualquier tensión debe resolverse mediante diálogo constructivo y confirmó que el Legislativo está coordinando esfuerzos para viabilizar el paquete normativo necesario para respaldar esta reforma desde el Ejecutivo.
En esa misma línea pragmática se expresó el diputado Israel Mérida quien defendió un enfoque realista respecto a los tiempos administrativos requeridos para modificar las leyes actuales. Aclaró que no se puede esperar hasta dentro de diez años para realizar estos cambios y consideró fundamental actuar con prontitud. Además, valoró a Andrea Barrientos como una funcionaria técnica especializada en autonomías cuya labor debe ser comprendida dentro del contexto institucional.
La discusión sobre los plazos también se vincula con otro tema crucial: los resultados del Censo 2024 y sus implicaciones para la coparticipación tributaria, planificación territorial y representación política. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia cuenta con más de once millones trescientos mil habitantes con equilibrio entre hombres y mujeres junto a una marcada concentración urbana. Este escenario demográfico influye directamente en cómo se distribuyen recursos y responsabilidades entre niveles territoriales.
En Santa Cruz, organizaciones cívicas han insistido en que la implementación efectiva del 50/50 requiere contar con un cronograma público claro acompañado por mesas técnicas con responsables políticos definidos. Además, han identificado un paquete concreto compuesto por 35 leyes y seis decretos cuya modificación consideran indispensable para fortalecer la autonomía regional según su perspectiva.
Por su parte, desde Sucre el presidente Paz reiteró que el éxito del 50/50 depende tanto de una metodología adecuada como del establecimiento de confianza mutua entre niveles gubernamentales. Subrayó además que este diálogo deberá incluir a las nuevas autoridades subnacionales electas próximamente para asegurar continuidad política al proceso reformador. Para él, esta reforma es fundamentalmente una batalla legislativa destinada a desmontar aquellas normas excesivamente reguladoras que hoy obstaculizan el funcionamiento autónomo efectivo.
El mandatario insistió en eliminar todo aquello “que no sirve” o “sobre regula” al Estado central impidiendo avanzar hacia un modelo descentralizado funcional. Así definió al núcleo esencial del proyecto 50/50: no es simplemente emitir un decreto inmediato sobre transferencias financieras sino enfrentar una compleja lucha normativa para rediseñar integralmente al Estado boliviano desde sus bases legales e institucionales.
Este planteamiento refleja claramente cómo el Gobierno busca responder a demandas históricas sobre descentralización real mientras navega por tensiones políticas regionales e institucionales propias del proceso democrático boliviano actual. La propuesta 50/50 representa no solo una promesa electoral sino una hoja de ruta ambiciosa destinada a transformar profundamente la estructura estatal con impactos directos sobre gobernanzas locales, prestación efectiva de servicios públicos fundamentales y participación ciudadana territorializada. Sin embargo, su concreción dependerá decisivamente del diálogo político constructivo entre actores nacionales y subnacionales así como del compromiso legislativo para superar obstáculos legales vigentes que hoy mantienen anclada la autonomía regional bajo un esquema centralista tradicional
