El Ministerio de Defensa ha habilitado un número telefónico específico para brindar orientación a las familias afectadas por el siniestro aéreo ocurrido el pasado viernes en El Alto. Este contacto busca facilitar la comunicación y el asesoramiento en los trámites que deben realizar ante la compañía de seguros, tanto para los familiares de los heridos y fallecidos como para quienes perdieron sus vehículos en el incidente. La medida responde a la compleja situación que enfrentan los afectados, quienes han manifestado dificultades para cumplir con las exigencias impuestas por la aseguradora y desconfían de recibir una compensación adecuada.
El número dispuesto es +591 70574056, donde se puede contactar a Ernesto Pecka, encargado de brindar asistencia en estos procesos. Además, las personas afectadas tienen la opción de acudir presencialmente a la dirección de Transportes Aéreos Bolivianos, ubicada en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante N°480, zona Sur de La Paz. Esta iniciativa se dio a conocer mediante un comunicado oficial del Ministerio de Defensa, que busca canalizar el apoyo y garantizar que los afectados tengan un punto de referencia claro para avanzar con sus reclamos.
Desde el momento del siniestro, las familias han expresado su preocupación y frustración ante lo que consideran una falta de responsabilidad por parte del Gobierno y las compañías aseguradoras involucradas. Los familiares de las víctimas fatales han señalado que los requisitos solicitados para acceder a indemnizaciones son difíciles de cumplir, lo cual genera incertidumbre sobre si podrán recuperar los gastos realizados o recibir algún tipo de compensación. En este contexto, existe una percepción generalizada entre los afectados de que el Estado no está asumiendo plenamente su responsabilidad y que las empresas aseguradoras actúan con poca transparencia.
En cuanto al balance oficial del siniestro, el Ministerio de Defensa reportó un total de 32 personas heridas; sin embargo, las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) indicaron que fueron 54 las personas atendidas desde el día del accidente. De este grupo, 13 pacientes ya recibieron alta médica y continúan con su proceso de recuperación en casa, mientras que 19 permanecen bajo atención médica especializada en ocho centros hospitalarios diferentes. Esta disparidad en las cifras refleja la complejidad del seguimiento médico posterior al evento y subraya la necesidad de una gestión coordinada para atender adecuadamente a todos los afectados.
Respecto a las víctimas fatales, el Ministerio informó sobre 22 fallecimientos confirmados, aunque fuentes sanitarias mencionaron un total ligeramente superior, con 23 personas fallecidas. Esta diferencia también evidencia ciertas discrepancias entre diferentes organismos oficiales en cuanto al recuento exacto del impacto humano del accidente aéreo. Por otro lado, el daño material fue considerable: Defensa reportó 20 vehículos dañados durante el siniestro; sin embargo, los propietarios afectados aseguran que son al menos 25 los automóviles perjudicados. Técnicos especializados están realizando evaluaciones detalladas para determinar la extensión y naturaleza precisa de los daños sufridos por cada vehículo.
El Gobierno junto con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) aseguraron que la aeronave involucrada contaba con pólizas vigentes tanto contra accidentes como contra daños a terceros. Esto implica que existe un marco legal para efectuar pagos compensatorios a las familias afectadas y a quienes perdieron sus bienes materiales. No obstante, uno de los principales obstáculos identificados radica en la documentación requerida para tramitar estas indemnizaciones. Algunos propietarios solo poseen minutas como comprobantes de compra-venta, lo que dificulta presentar documentos legales originales sobre la propiedad del vehículo dañado. Esta situación complica aún más el proceso administrativo y genera preocupación entre los perjudicados por posibles demoras o negativas en sus reclamos.
Hasta ahora no se ha publicado un listado detallado sobre las características o marcas específicas de los vehículos destruidos o dañados por el arrastre provocado durante el accidente aéreo. Esta falta de información precisa añade incertidumbre entre quienes esperan respuestas claras acerca del alcance económico del siniestro y cómo será gestionado el resarcimiento correspondiente.
En definitiva, la habilitación del número telefónico por parte del Ministerio representa un paso importante para centralizar la atención hacia las víctimas y sus familias tras este trágico evento ocurrido en El Alto. Sin embargo, persisten desafíos significativos relacionados con la coordinación institucional, la claridad documental necesaria para acceder a indemnizaciones y la percepción pública sobre la responsabilidad estatal frente a esta emergencia aérea. La expectativa general es que mediante esta vía se puedan resolver dudas y agilizar trámites burocráticos para aliviar parte del impacto sufrido por quienes resultaron afectados directa o indirectamente por este siniestro aéreo
