Nueve días después del trágico accidente aéreo protagonizado por el avión Hércules C-130 en El Alto, las autoridades del Ministerio Público han avanzado en la apertura de múltiples líneas de investigación con el objetivo de esclarecer las causas que originaron esta fatalidad y establecer responsabilidades. Este despliegue judicial no solo se centra en determinar los motivos técnicos o humanos detrás del siniestro, sino que también abarca las consecuencias sociales y legales derivadas de los hechos posteriores al accidente.
En primer lugar, la Fiscalía ha iniciado dos investigaciones principales. La primera se orienta a esclarecer las circunstancias que provocaron la caída del Hércules C-130 y el impacto directo sobre las víctimas fatales y heridos. En este marco, se indaga si el accidente fue consecuencia de una falla técnica en la aeronave, un error humano por parte de la tripulación o si factores externos como las condiciones meteorológicas adversas contribuyeron a la tragedia. La segunda línea de investigación está relacionada con los daños materiales ocasionados, principalmente enfocados en la destrucción del avión y otros bienes públicos afectados durante el incidente.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, ha detallado que los delitos inicialmente identificados en torno al accidente incluyen homicidio culposo y lesiones culposas debido a la muerte de más de veinte personas. Además, se investigan posibles incumplimientos de deberes y conductas antieconómicas vinculadas a la destrucción de bienes estatales. Estas investigaciones buscan esclarecer si existió negligencia o responsabilidad directa por parte de los tripulantes o del personal encargado del control aéreo.
El accidente ocurrió el viernes 27 de febrero cuando el Hércules C-130 perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), perdió control tras aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto. Tras salirse de la pista, la aeronave recorrió aproximadamente un kilómetro hasta llegar a una zona posterior a la terminal aérea donde impactó contra vehículos que transitaban por la avenida Costanera, causando además daños a transeúntes y automovilistas presentes en ese momento.
Para complementar estas investigaciones, el Ministerio Público ha recabado testimonios clave provenientes tanto de los tripulantes del avión como del personal vinculado con la infraestructura aeroportuaria. Los integrantes del vuelo con matrícula FAB-180 han brindado declaraciones sobre las condiciones durante el trayecto desde Viru Viru hasta El Alto. Según el abogado defensor del piloto, este último aseguró que factores climáticos adversos como lluvia y granizada provocaron que la pista estuviera congelada, dificultando el funcionamiento adecuado de los frenos del avión. Asimismo, indicaron que aparentemente no recibieron información precisa desde la torre de control sobre estas condiciones adversas. Esta versión fue corroborada por otros miembros destacados del equipo aeronáutico como copiloto e ingeniero de vuelo.
Paralelamente, se han tomado declaraciones al personal responsable en Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) para evaluar si existió alguna omisión o error administrativo relacionado con las instrucciones proporcionadas para el aterrizaje. Se considera también aspectos técnicos como el peso total del avión y tipo de carga transportada para obtener una visión integral sobre los posibles factores involucrados.
Además del análisis técnico y humano vinculado al accidente, existen otras dos líneas investigativas abiertas debido a hechos colaterales ocurridos tras el siniestro. Una está dirigida a esclarecer actos ilícitos relacionados con robos masivos cometidos aprovechando el desorden generado después del choque aéreo. En total se han iniciado siete procesos penales que involucran a más de cincuenta personas —entre hombres, mujeres y menores— acusadas por presuntos delitos como robo agravado y allanamiento derivados del hurto de billetes dispersos tras el impacto.
Las medidas cautelares aplicadas hasta ahora incluyen detenciones preventivas para 24 personas, mientras otras 21 están bajo arresto domiciliario; algunas cuentan con medidas sustitutivas o han recuperado su libertad provisionalmente. Estas acciones reflejan un esfuerzo judicial orientado no solo a sancionar sino también a contener episodios adicionales que agravan una situación ya delicada para las comunidades afectadas.
La segunda línea penal se relaciona con destrozos provocados contra bienes públicos durante manifestaciones violentas ocurridas esa misma noche y madrugada siguiente al accidente. Se registran ocho procesos contra individuos implicados en daños materiales contra ambulancias, patrullas policiales y vehículos oficiales; así como agresiones físicas hacia policías y militares desplegados para controlar desórdenes sociales. Las denuncias provienen tanto de municipios involucrados como instituciones estatales encargadas del orden público.
Estas investigaciones complementarias reflejan un contexto social complejo marcado por una reacción inmediata ante una tragedia que conmocionó a toda la población local. La Fiscalía subraya su compromiso en coordinar esfuerzos con las Fuerzas Armadas para avanzar en todas las pesquisas relevantes al caso.
Finalmente, respecto al número oficial de víctimas fatales derivadas del accidente aéreo, existen ligeras diferencias entre fuentes institucionales: mientras informes preliminares aportados por el Instituto Departamental de Investigaciones Forenses (IDIF) indican 22 fallecidos confirmados, reportes policiales señalan un total ligeramente mayor cercano a 24 muertos.
Este panorama integral muestra cómo un único hecho trágico puede desencadenar múltiples repercusiones jurídicas y sociales simultáneas, demandando respuestas claras por parte del sistema judicial para garantizar justicia tanto hacia las víctimas directas como hacia quienes resultaron afectados indirectamente por los eventos posteriores al siniestro aéreo
