La reciente renuncia de Andrea Barrientos al cargo de viceministra de Autonomías ha generado una fuerte reacción por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no solo cuestiona su gestión sino también la efectividad histórica del Viceministerio y su antecesor, el Ministerio de Autonomías. Según el presidente del Comité, Stello Cochamanidis, estas instancias gubernamentales no han logrado avanzar en sus objetivos fundamentales, dejando en evidencia una falta de compromiso y resultados concretos en la construcción y consolidación del modelo autonómico en el país.
El desencanto expresado por Cochamanidis se centra en la percepción de que Barrientos no solo no estuvo a la altura del cargo, sino que tampoco mostró la intención de trabajar activamente para cumplir con las promesas hechas, en particular la implementación del modelo 50-50. Este modelo, impulsado por el presidente Rodrigo Paz, busca establecer una distribución equitativa de recursos y competencias entre el gobierno central y los departamentos, un aspecto fundamental para fortalecer las autonomías territoriales. La ausencia de avances visibles bajo la gestión de Barrientos ha sido motivo de críticas tanto desde sectores cívicos como políticos.
Ante esta situación, el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha propuesto una alternativa clara para revitalizar el proceso autonómico: la designación de delegados autonómicos en cada departamento. Esta propuesta responde a la necesidad urgente de contar con representantes especializados que se dediquen exclusivamente a impulsar y coordinar las acciones necesarias para materializar el modelo 50-50. La idea es que estos delegados posean un conocimiento profundo sobre autonomía y experiencia directa en los procesos autonómicos previos, asegurando así una gestión más efectiva y comprometida con los objetivos planteados.
El planteamiento enfatiza que estos delegados deben ser personas con trayectoria y entendimiento real del sistema autonómico, capaces de atender las particularidades y demandas específicas de cada departamento. Esto refleja una crítica implícita al enfoque centralizado y poco dinámico que se le atribuye hasta ahora al Viceministerio, cuya labor ha sido considerada insuficiente para responder a las necesidades territoriales y avanzar hacia una mayor descentralización efectiva.
La renuncia de Barrientos se produce en un contexto marcado por cuestionamientos públicos sobre sus declaraciones recientes acerca del tiempo necesario para implementar el modelo 50-50. En sus comentarios, Barrientos sugirió que fijar plazos estrictos podría ser contraproducente y afirmó que este proceso podría durar desde unos días hasta varios años, buscando enfatizar la importancia de un avance efectivo más allá de la rapidez. Sin embargo, estas afirmaciones generaron malestar entre cívicos, parlamentarios y candidatos políticos que esperaban mayor claridad y compromiso temporal para concretar esta política pública.
El malestar por estas declaraciones refleja una preocupación generalizada sobre la falta de concreción en torno al modelo 50-50, tema central para muchos sectores sociales y políticos interesados en lograr un equilibrio real entre las autonomías departamentales y el gobierno central. La percepción es que sin plazos claros ni responsables dedicados exclusivamente a este objetivo, los avances serán lentos o inexistentes, afectando directamente a las poblaciones locales que demandan una mejora tangible en su calidad de vida mediante una gestión más autónoma y eficiente.
En resumen, la salida de Andrea Barrientos ha evidenciado no solo un desencuentro personal con su gestión sino también una crisis estructural en el Viceministerio de Autonomías. Las críticas apuntan a la ineficacia institucional acumulada durante años y subrayan la necesidad urgente de replantear estrategias mediante la incorporación de delegados especializados en cada departamento. Este cambio buscaría impulsar con mayor fuerza el modelo 50-50 prometido como vía para fortalecer las autonomías regionales y mejorar las condiciones socioeconómicas locales a través de una administración más cercana y responsable. La expectativa ahora recae sobre cómo el gobierno responderá a estas demandas e implementará ajustes concretos para revitalizar este proceso crucial para el desarrollo territorial del país
