En un caso que ha conmocionado a una comunidad evangélica y que actualmente se encuentra en proceso judicial, un pastor ha sido acusado de abuso sexual contra dos menores que, en la actualidad, son jóvenes adultas. La denuncia, que fue presentada formalmente en octubre de 2023, pone en evidencia no solo la gravedad del delito cometido sino también el abuso de poder y la traición de confianza que implica el hecho al tratarse del líder espiritual y familiar cercano de las víctimas.
Las dos hermanas denunciantes relataron que los abusos ocurrieron cuando tenían entre cinco y ocho años de edad, momentos en los que frecuentaban la iglesia evangélica debido a la cercanía familiar con el pastor. Este religioso estaba casado con una tía de ellas, lo que generaba un vínculo familiar directo y una confianza implícita que dificultaba cualquier sospecha o denuncia. Durante años, las jóvenes guardaron silencio por temor a represalias; el pastor les habría amenazado con matar a sus padres si revelaban lo sucedido.
Fue recién en 2023 cuando la mayor de las hermanas decidió romper ese silencio que las había marcado durante más de una década. Con lágrimas confesó a su padre el calvario vivido, despertando en él angustia e incertidumbre sobre cómo proceder. Al compartir esta revelación con su hija menor, ella también se animó a denunciar que sufrió abusos similares por parte del mismo pastor. Desde entonces, el padre ha buscado incansablemente justicia para sus hijas, presentando pruebas contundentes ante las autoridades; sin embargo, lamenta profundamente que el acusado continúe libre y rodeado de niños, lo cual representa un riesgo latente para la comunidad.
El entorno familiar donde se desarrollaron estos hechos también añade complejidad al caso. Las víctimas vivían bajo el cuidado de sus abuelos maternos tras la decisión de su madre de viajar al extranjero y dejar a sus hijas al cuidado del padre. El pastor acusado está vinculado directamente a la familia al ser esposo de la hermana de la esposa del denunciante, lo que intensifica la sensación de traición y vulnerabilidad experimentada por las víctimas y su familia.
En un intento por confrontar directamente al agresor, el padre mantuvo una conversación grabada en audio durante treinta minutos donde el pastor reconoció haber violado a las menores hace aproximadamente quince años. Este material junto con otros elementos probatorios fueron entregados a la Fiscalía para sustentar la acusación. Además, las víctimas fueron sometidas a entrevistas especializadas mediante el método cámara Gesell y evaluaciones psicológicas que confirmaron la violencia sexual sufrida. A pesar de ello, el padre manifiesta su frustración porque considera que estas evidencias no han sido valoradas adecuadamente por el sistema judicial.
El proceso judicial tuvo avances significativos cuando en abril de 2024 la Fiscalía imputó formalmente al pastor por violación agravada contra infantes y solicitó su detención preventiva en un centro penitenciario. No obstante, durante la audiencia cautelar ante una jueza especializada en casos anticorrupción y violencia, se le otorgó libertad condicional bajo argumentos relacionados con su situación personal: supuestamente quedó solo tras el abandono de su esposa y debe cuidar a un hijo con autismo. Esta decisión generó indignación entre las víctimas y su padre, quienes intentaron intervenir para aclarar que la esposa estaba presente en el Palacio de Justicia apoyando a sus hijas junto a otros familiares, pero no se les permitió hablar.
La situación se agravó cuando días después una de las jóvenes fue víctima de un asalto violento al salir de sus clases universitarias. Dos motociclistas no solo le robaron sus pertenencias sino que además la arrastraron; aunque recibió ayuda inmediata por parte de otros estudiantes, los agresores regresaron para burlarse frente a testigos. La denuncia presentada ante autoridades policiales y fiscales fue rechazada inicialmente; además se detectó un patrón de intimidación hacia ella proveniente de seguidores del pastor acusado.
En medio del proceso judicial emergieron también antecedentes preocupantes sobre el comportamiento del pastor en otros ámbitos educativos. Durante su labor como profesor particular de inglés en un colegio local fue descubierto abusando sexualmente de una niña pequeña. Aunque fue retenido temporalmente por personal escolar e incluso denunciado públicamente dentro del establecimiento, finalmente quedó libre sin consecuencias legales efectivas. Posteriormente surgieron otras denuncias similares presentadas por varias niñas víctimas del mismo agresor.
El juicio oral contra este religioso comenzó oficialmente en marzo pero fue suspendido hasta mediados del mes siguiente por razones no especificadas ante el juez encargado del caso. Mientras tanto, este proceso mantiene expectante tanto a las familias afectadas como al conjunto comunitario vinculado a esta iglesia evangélica.
Este caso no es aislado dentro del ámbito religioso evangélico local; hace apenas unos meses otro líder fue enviado a prisión por violación agravada tras allanamientos realizados en iglesias donde se detectaron abusos sexuales contra adolescentes bajo su cuidado pastoral. Asimismo, otro episodio reciente involucra a dos pastores considerados amigos íntimos quienes ahora enfrentan un juicio mutuo debido a acusaciones cruzadas relacionadas con delitos similares contra menores pertenecientes a esa misma congregación.
La joven mayor víctima decidió expresar solidaridad hacia otras sobrevivientes conocidas públicamente como Vanesa —quien denunció abusos sufridos durante su adolescencia por otro pastor— compartiendo mensajes donde reconoce los paralelos dolorosos entre ambas experiencias y enfatiza su búsqueda incansable por justicia pese al silencio impuesto durante años e incluso dentro del núcleo familiar.
Este entramado judicial refleja no solo casos individuales sino también problemas estructurales vinculados al abuso sexual infantil dentro entornos religiosos cerrados donde predomina una dinámica autoritaria basada en poder espiritual y relaciones familiares cercanas. La lucha por justicia emprendida por estas jóvenes resalta la necesidad urgente de fortalecer mecanismos legales y sociales para proteger a los niños frente a estos delitos atroces cometidos bajo apariencia sagrada o familiaridad cercana.
En definitiva, mientras avanza este complejo proceso legal contra Juan M.L.R., quien ocupa un rol pastoral fundamental dentro del círculo familiar denunciado, crece también la expectativa sobre cómo responderá la justicia ante pruebas claras pero obstáculos procesales evidentes. La sociedad sigue atenta esperando que prevalezca la verdad y se haga valer el derecho fundamental a vivir libres de violencia para todas las niñas y niños afectados directa o indirectamente por estos crímenes desgarradores
