La ex fiscal departamental Sandra Gutiérrez Salazar ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el Ministro de Hidrocarburos, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en relación con un caso que involucra la comercialización de gasolina en mal estado. Esta acción legal también se extiende a cualquier otra autoridad que pudiera estar implicada en la investigación que se derive de esta denuncia.
La decisión de Gutiérrez Salazar surge a raíz de la percepción de inacción por parte de las autoridades competentes, quienes, según ella, han solicitado ciertas medidas para abordar el problema sin que estas hayan avanzado de manera efectiva. Ante esta situación, la ex fiscal decidió asumir un rol más activo y formalizar la denuncia para que se investigue a fondo lo que considera un delito en flagrancia.
En su denuncia, Gutiérrez Salazar señala diversas conductas ilícitas presuntamente cometidas por los funcionarios señalados, tales como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y estafa agravada. La acusación se basa en la continuidad en la venta de gasolina contaminada o en mal estado, hecho que según ella provoca daños severos a los motores de los vehículos que consumen este combustible adulterado o defectuoso.
Durante una conferencia de prensa improvisada, la ex fiscal explicó que esta gasolina defectuosa está causando el deterioro prematuro y daños considerables en los vehículos, situación que afecta directamente a los usuarios y propietarios. A pesar del perjuicio evidente, el combustible sigue siendo comercializado como si cumpliera con las normas y estándares requeridos para su venta al público.
Para reforzar su denuncia, Gutiérrez Salazar solicitó al Ministerio Público la adopción de medidas cautelares y precautorias contra las autoridades denunciadas. Entre las acciones concretas propuestas destaca la realización urgente del análisis forense del combustible disponible en los surtidores para determinar si efectivamente es apto para su uso. En caso de confirmarse que la gasolina continúa presentando problemas graves de contaminación o adulteración, la ex fiscal insiste en que debe ser retirada inmediatamente del mercado para evitar daños mayores a los vehículos y a sus propietarios.
Además, hizo un llamado público a la población afectada para que se sume a esta denuncia colectiva con el fin de exigir al gobierno una explicación clara sobre cómo y por qué se permitió la comercialización de gasolina dañina. La intención es obtener respuestas concretas respecto a las causas del problema y buscar soluciones efectivas para proteger a los consumidores.
En cuanto al contexto político y comunicacional alrededor del caso, Gutiérrez Salazar criticó duramente al gobierno por no brindar explicaciones suficientes ni transparentes sobre el origen del problema. Rechazó el uso del término “sabotaje”, empleado por el Mandatario Rodrigo Paz para referirse a esta situación sin ofrecer detalles claros sobre cómo surgió la mala calidad del combustible ni qué mecanismos fallaron para permitirlo.
Asimismo, expresó preocupación por informes relacionados con la adición de aditivos químicos al combustible como intento para mejorar su calidad. Según ella, esta práctica podría encubrir irregularidades más profundas y no garantiza a los consumidores que estén adquiriendo un producto seguro ni acorde con las normas técnicas vigentes.
En definitiva, Sandra Gutiérrez Salazar sostiene que existe un delito flagrante debido a que no hay garantías reales sobre la calidad del combustible vendido en el mercado. Su denuncia busca activar una investigación seria e integral con responsabilidades claras y acciones concretas para resolver este problema que afecta directamente tanto al sector automotor como a los usuarios comunes. La iniciativa también pone en evidencia las preocupaciones sociales frente a posibles negligencias o irregularidades dentro del sector hidrocarburífero estatal y sus organismos reguladores
