La audiencia de medidas cautelares contra la ex directora del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, fue suspendida y reprogramada para este jueves a primera hora de la mañana, con el propósito fundamental de garantizar el derecho a la defensa de la imputada en el marco del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a un proyecto apícola en el departamento de La Paz. Esta decisión fue tomada para que el equipo legal de Parra pueda presentar documentación pendiente que será evaluada por el juez cautelar durante la audiencia, evitando así cualquier posible vulneración al derecho constitucional de defensa.
El fiscal del caso, Omar Condori, explicó que esta medida busca asegurar un proceso transparente y equitativo, ofreciendo la oportunidad a los abogados defensores de completar su presentación documental. Asimismo, indicó que la defensa se comprometió a entregar los documentos requeridos para que el juez de control de garantías pueda valorarlos adecuadamente en la audiencia reprogramada. Este procedimiento evidencia la importancia que se le otorga al respeto del debido proceso dentro del sistema judicial boliviano, especialmente en casos sensibles como este, donde están involucrados recursos públicos y presuntas irregularidades administrativas.
Pese a la suspensión temporal de la audiencia, la Fiscalía mantuvo su solicitud inicial de detención preventiva por seis meses contra Parra, proponiendo que esta medida se cumpla en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La petición responde a los riesgos procesales identificados por las autoridades judiciales mientras continúan las investigaciones relacionadas con el proyecto apícola en cuestión. La Fiscalía considera que existen suficientes indicios para justificar esta medida cautelar, ya que se busca evitar posibles interferencias en el proceso o riesgos de fuga mientras se profundizan las pesquisas.
El caso está vinculado a un proyecto denominado “Producción de miel en 13 comunidades de la provincia Bautista Saavedra”, una iniciativa financiada por el Fondo Indígena cuyo monto asciende aproximadamente a 687 mil bolivianos. El Ministerio Público investiga un posible daño económico al Estado derivado del manejo irregular o inadecuado de dichos recursos. Según los antecedentes recabados hasta ahora, Elvira Parra habría aprobado el desembolso del dinero a una cuenta mancomunada vinculada a tres personas: Lidia Patty, Lidia Acho y Javier Chávez, quienes formaban parte del equipo encargado de ejecutar el proyecto.
Durante las investigaciones preliminares se detectó una importante discrepancia entre el avance económico y físico del proyecto. Mientras que cerca del 90% de los recursos financieros asignados ya habían sido ejecutados o gastados, solo se registraba un avance físico aproximado del 20%, lo que sugiere una ejecución deficiente o posiblemente irregular. Esta situación habría generado un perjuicio económico para las arcas estatales y es uno de los elementos centrales que motivan la investigación penal.
En el desarrollo del proceso investigativo, la Fiscalía también procedió al secuestro de seis colmenas relacionadas directamente con la iniciativa apícola. Estos elementos forman parte ahora del conjunto probatorio recabado para sustentar las acusaciones y avanzar en las diligencias correspondientes. Además, durante su declaración ante los investigadores, Parra habría colaborado aportando información relevante sobre otros posibles implicados en los hechos bajo investigación. Esta cooperación podría ampliar el alcance de las pesquisas e involucrar a más personas relacionadas con la administración y manejo financiero dentro del Fondo Indígena.
El fiscal Condori adelantó que durante el periodo en que se solicite la detención preventiva está previsto realizar diversas diligencias investigativas adicionales. Entre estas acciones figura una inspección detallada en el lugar donde debía ejecutarse físicamente el proyecto apícola dentro de la provincia Bautista Saavedra. Esta revisión tiene como objetivo verificar in situ el nivel real del avance físico y comprobar si efectivamente se cumplió con lo planificado según los informes oficiales presentados previamente.
En suma, este caso refleja una compleja investigación sobre posibles actos irregulares cometidos durante la gestión pública al frente del Fondo Indígena, cuyo impacto afecta directamente no solo al manejo eficiente de recursos estatales sino también al desarrollo productivo y social previsto para comunidades indígenas beneficiarias. La reprogramación de la audiencia es un paso importante para asegurar un proceso justo y completo donde se respeten todos los derechos procesales y se esclarezca con precisión cualquier responsabilidad vinculada al uso indebido o malversación presupuestaria dentro del proyecto apícola investigado
