La reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz de la Sierra representa un acontecimiento de gran relevancia en la lucha contra el crimen organizado en Bolivia y la región en general. Este hecho no solo significa el desmantelamiento de una estructura criminal que operaba desde territorio boliviano, sino que también ha reavivado un intenso debate político acerca de las responsabilidades y posibles omisiones del Estado boliviano durante los años en que Marset pudo operar impunemente. Este periodo coincide con el último mandato del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que añade un matiz delicado a las discusiones sobre la actuación estatal.
El ministro de Gobierno actual, Marco Antonio Oviedo, ha señalado con contundencia que la permanencia y consolidación de Marset en Bolivia reflejan fallas graves y negligencias por parte de las autoridades anteriores. Según Oviedo, el narcotraficante no solo tenía una presencia en Bolivia, sino que también extendía sus operaciones a países vecinos como Paraguay, Uruguay y Argentina, utilizando a Bolivia como base para sus actividades ilícitas. Esta situación revela una falta de acción efectiva por parte tanto de la Policía como del Ministerio de Gobierno durante ese tiempo, lo cual facilitó el arraigo y expansión del capo dentro del territorio nacional. Aunque el ministro evitó acusar directamente a instituciones específicas o señalar complicidades explícitas, reconoció que hubo omisiones importantes que permitieron el desarrollo de esta red criminal.
En contraste con esta postura oficial, otras figuras políticas han ido más allá al demandar investigaciones profundas sobre posibles vínculos entre Marset y estructuras de poder político anteriores. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, interpretó la captura como un símbolo claro del inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia caracterizado por la ausencia de protección e impunidad hacia criminales de esta magnitud. Camacho enfatizó la necesidad urgente de esclarecer si existieron conexiones entre el narcotraficante y sectores influyentes dentro del aparato estatal durante los gobiernos previos. De manera similar, la expresidenta Jeanine Áñez planteó interrogantes fundamentales sobre las razones por las cuales Marset pudo evadir la justicia durante tanto tiempo. Su cuestionamiento se centró en si esa impunidad se debió a falta de capacidad operativa, ausencia de voluntad política o incluso protección directa desde instancias estatales.
Durante el gobierno anterior bajo el MAS, las autoridades negaron reiteradamente la presencia del narcotraficante en territorio boliviano. En ese contexto, el entonces ministro Eduardo Del Castillo —quien mantenía comunicación con Marset bajo el alias ‘Sonia’— afirmó que se realizaban constantes operativos para dar con su paradero, apoyados incluso por intercambio internacional de información con otros países. Además, bajo el mando policial de Johnny Aguilera se llevaron a cabo varias acciones especialmente focalizadas en Beni, región donde se sospechaba su actividad criminal. Sin embargo, ninguno de estos operativos logró resultados concretos para capturar al fugitivo ni confirmar su permanencia dentro del país; por el contrario, surgieron diversas versiones contradictorias acerca de su ubicación fuera del territorio nacional.
A pesar de estas dificultades para ubicarlo oficialmente, pruebas posteriores demostraron que Marset había logrado una inserción considerable dentro del entorno local cruceño. Se comprobó que ingresó al país utilizando documentos falsos y logró obtener documentos oficiales bolivianos que le permitieron moverse con relativa libertad. Incluso participó como jugador en un equipo local amateur llamado Los Leones de El Torno, lo cual evidencia hasta qué punto había logrado camuflarse dentro del tejido social urbano sin levantar sospechas inmediatas.
La fuga definitiva ocurrió el 29 de julio de 2023 cuando Marset escapó durante un operativo policial que contaba con recursos limitados —solo dos agentes— lo cual expone una débil capacidad operativa para enfrentar este tipo de amenazas. A partir de entonces permaneció prófugo hasta ser capturado recientemente mediante un operativo más coordinado y efectivo.
Un aspecto particularmente preocupante es que Marset no actuaba aisladamente sino conectado a una red criminal transnacional mayor: su proximidad con el Primer Comando Capital (PCC), uno de los grupos criminales más temidos en Brasil y Sudamérica. En videos difundidos a través de medios digitales durante 2025 se le vio exhibiendo símbolos relacionados con esta organización brasileña, confirmando así su vinculación directa con estructuras internacionales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Este caso pone en evidencia múltiples desafíos para Bolivia tanto en términos policiales como políticos y sociales. Por un lado revela fallas estructurales e institucionales previas para identificar y desarticular redes criminales complejas; por otro lado abre una oportunidad para fortalecer mecanismos basados en transparencia, cooperación internacional e institucionalidad que permitan enfrentar eficazmente este tipo de amenazas transnacionales.
La captura definitiva de Sebastián Enrique Marset Cabrera no solo desmantela una peligrosa estructura criminal asentada en Santa Cruz sino que también constituye un punto clave para reflexionar sobre las políticas públicas aplicadas anteriormente y renovar los esfuerzos estatales orientados a garantizar seguridad ciudadana sin interferencias políticas ni negligencias institucionales. La sociedad boliviana espera ahora respuestas claras sobre posibles responsabilidades pasadas y acciones contundentes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse bajo cualquier gobierno futuro
