Las autoridades estadounidenses han formulado una acusación formal contra Sebastián Enrique Marset Cabrera, un narcotraficante uruguayo señalado como líder de una compleja organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de millones de dólares producto de estas actividades ilícitas. El caso, presentado ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, también involucra a Federico Ezequiel Santoro Vassallo, un paraguayo identificado como uno de los principales operadores financieros dentro de esta red criminal.
La investigación judicial revela que la estructura liderada por Marset operaba un esquema transnacional que movía grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia diversos países europeos. Durante este proceso, la organización generaba ganancias millonarias en euros, que posteriormente eran blanqueadas mediante sofisticados métodos financieros para ocultar su procedencia ilegal. Esta actividad ilícita se sustentaba en el uso de empresas fachada, transferencias bancarias complejas y facturación fraudulenta que permitían introducir el dinero sucio en el sistema financiero internacional sin levantar sospechas inmediatas.
Los documentos judiciales detallan que Santoro, con residencia en Paraguay, desempeñaba un papel clave en la coordinación del flujo monetario derivado del narcotráfico. En algunas ocasiones, los fondos en efectivo eran transportados a través de mensajeros que dejaban maletas con dinero en puntos estratégicos a lo largo de carreteras europeas, desde donde se aseguraba su ingreso posterior a las instituciones bancarias. Esta práctica evidenció la sofisticación y el riesgo inherente en las operaciones financieras ilegales llevadas a cabo por la organización.
Una vez dentro del circuito financiero formal, los fondos eran transferidos internacionalmente principalmente en dólares estadounidenses. El uso de bancos corresponsales ubicados en Estados Unidos facilitó el movimiento del dinero a nivel global. La investigación señala específicamente que al menos una transferencia pasó por un servidor bancario ubicado en Richmond, Virginia, lo cual otorgó a las autoridades estadounidenses la jurisdicción necesaria para intervenir y procesar este caso.
El entramado del lavado se apoyaba en al menos siete empresas registradas en diferentes países y sectores económicos. Estas compañías simulaban operaciones comerciales legítimas mediante facturas falsas para justificar las transferencias internacionales y disimular así el origen ilícito del capital. La utilización de estas estructuras corporativas falsas refleja una estrategia calculada para dificultar la detección por parte de los organismos reguladores y policiales.
Las autoridades estiman que Santoro llegó a mover alrededor de ocho millones de dólares en menos de cinco meses mediante el sistema financiero vinculado a bancos estadounidenses. Además, la acusación indica que en enero de 2021 Marset esperaba recibir más de 17 millones de euros como pago por un único envío importante de cocaína dirigido a Europa. Estos datos ponen en evidencia la magnitud económica y operativa del esquema criminal desmantelado.
El gran jurado establece que esta conspiración estuvo activa entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 y abarcó múltiples países alrededor del mundo, incluyendo Bélgica, Chile, Paraguay, Países Bajos, Portugal, China y Estados Unidos. La red tenía como objetivo principal convertir las ganancias obtenidas por el narcotráfico en dólares estadounidenses para luego retornar esos fondos a Sudamérica mediante mecanismos encubiertos destinados a financiar nuevas actividades criminales.
Además del tráfico y lavado, la acusación destaca que los miembros del grupo recurrieron incluso a amenazas con violencia para proteger sus operaciones ilícitas frente a competidores o posibles interferencias externas. Este aspecto refleja la naturaleza violenta y peligrosa con la que se manejaban los intereses dentro de esta organización.
Marset era considerado uno de los narcotraficantes más buscados en Sudamérica y su nombre había surgido repetidamente en investigaciones regionales vinculadas al tráfico internacional de drogas. En 2022 llamó la atención internacional cuando se reveló que había obtenido un pasaporte uruguayo mientras permanecía detenido en Dubái, hecho que generó alarma sobre posibles irregularidades migratorias asociadas a delincuentes transnacionales.
Posteriormente fue vinculado por las autoridades paraguayas, bolivianas y uruguayas como cabecilla principal detrás de una estructura dedicada al envío masivo de cocaína hacia Europa. En Bolivia su caso cobró especial notoriedad durante 2023 cuando operativos policiales realizados en Santa Cruz de la Sierra intentaron capturarlo tras descubrir una red local encargada del apoyo logístico y protección para sus actividades ilícitas. Estas investigaciones desencadenaron procesos judiciales múltiples así como cuestionamientos sobre posibles falencias o complicidades dentro de instituciones encargadas de la seguridad pública.
Mientras continúan las pesquisas coordinadas entre diferentes países afectados por esta red criminal, la acusación presentada ante tribunales estadounidenses abre un nuevo frente legal contra Marset Cabrera. De ser encontrado culpable podría enfrentar no solo penas privativas de libertad sino también el decomiso significativo de bienes vinculados al lavado dinero utilizado para sostener su estructura ilegal. Este caso pone nuevamente sobre la mesa los desafíos globales relacionados con el combate al narcotráfico transnacional y sus complejas redes financieras asociadas
