El reciente operativo policial que culminó con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región. La detención, realizada en la madrugada del viernes 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz, se llevó a cabo de manera impecable, sin que se registraran heridos ni fallecidos, un logro que resalta la eficacia y profesionalismo de las fuerzas de seguridad bolivianas. Este hecho no solo marca el fin de una búsqueda prolongada, sino que también refleja un cambio sustancial en la estrategia gubernamental para enfrentar a figuras criminales con antecedentes internacionales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, detalló que detrás de esta captura existió un trabajo investigativo exhaustivo que se extendió por varias semanas. Un equipo especializado dentro de la Policía Nacional dedicó tiempo a recolectar evidencia sólida, desde conversaciones interceptadas hasta muestras concretas, permitiendo construir un caso robusto que condujo a la ubicación precisa de Marset. La operación fue manejada con estricta confidencialidad para evitar filtraciones y garantizar el éxito del procedimiento. Primero se neutralizó la vivienda donde se encontraba el grupo encargado de proteger al narcotraficante, evitando así cualquier intento de rescate o resistencia armada, para luego proceder a ingresar al inmueble donde se encontraba Marset. Esta táctica permitió que la acción policial fuera rápida y limpia, evitando enfrentamientos violentos.
Este operativo no solo es relevante por la captura en sí misma, sino también porque contrasta con eventos anteriores ocurridos en 2023 cuando Marset logró evadir a las autoridades. El ministro Oviedo destacó que uno de los factores determinantes para este nuevo éxito fue el cambio en el gobierno y su firme decisión política de no permitir impunidad para quienes cometen delitos en territorio boliviano. Según explicó, mientras Marset tenía su base en Santa Cruz, también operaba en otros países, lo que complicaba su seguimiento. Sin embargo, bajo la instrucción directa del presidente Rodrigo Paz, se estableció una línea clara y decidida: ningún criminal debe permanecer libre cuando ha cometido delitos dentro del país.
Respecto a cómo se obtuvo información sobre su paradero, el ministro enfatizó que el gobierno actúa siempre basado en evidencias concretas y no por rumores o especulaciones. La captura se ejecutó solo cuando todas las pruebas estuvieron consolidadas y las condiciones óptimas para realizar la operación estaban garantizadas. Este enfoque meticuloso refleja una política ministerial consistente que busca resultados efectivos y duraderos contra figuras delictivas notorias.
En cuanto a la colaboración internacional durante esta operación, si bien hubo intercambio de inteligencia con agencias como la DEA estadounidense para coordinar aspectos posteriores como la expulsión del narcotraficante hacia Estados Unidos —donde actualmente permanece detenido—, la acción policial fue exclusivamente llevada adelante por autoridades bolivianas sin participación directa de cuerpos policiales extranjeros ni sudamericanos. Esto subraya tanto la capacidad como el compromiso nacional frente al combate al narcotráfico.
Uno de los temas más delicados vinculados a este caso es el posible involucramiento o protección desde dentro de instituciones estatales hacia Marset. Ante esto, el ministro reconoció que existen investigaciones en curso para determinar si hubo filtraciones o complicidades internas durante los años previos a esta captura definitiva. Aunque actualmente no hay personas formalmente investigadas por estos vínculos, las autoridades prometen continuar indagando para esclarecer cualquier irregularidad o negligencia que haya permitido al narcotraficante evadir justicia durante tanto tiempo.
El desarrollo exitoso del operativo sin incidentes mayores responde a una estrategia cuidadosa y negociada con los integrantes del grupo armado que protegía a Marset. La policía rodeó primero una casa donde estaba parte del grupo armado y estableció contacto con ellos para persuadirlos a rendirse pacíficamente. La negociación fue prolongada debido al alto grado de armamento moderno con fusiles sofisticados que poseían estos individuos; además, formaban parte integrantes extranjeros colombianos y venezolanos, indicando el carácter transnacional y complejo de esta organización criminal. Pese a ello, lograron llegar a un acuerdo gracias al cual no hubo uso desmedido de fuerza ni pérdidas humanas.
En cuanto al entorno inmediato durante la detención, se confirmó que en el inmueble donde estaba Marset no había personal de seguridad presente; sin embargo sí contaba con un grupo reducido pero altamente equipado compuesto por seis u ocho personas desplazándose en vehículos blindados tipo 7 —el nivel máximo disponible comercialmente— lo cual evidencia el grado extremo de protección personal utilizado por este delincuente. Este blindaje especial incluso sería único en Bolivia.
Finalmente, entre los detenidos figura una mujer identificada como prima del narcotraficante quien estuvo presente durante el operativo. La ausencia directa de guardaespaldas junto a Marset podría explicarse por una sensación errónea de impunidad generada tras años sin enfrentar consecuencias severas bajo gobiernos anteriores; esta confianza mal calculada facilitó su captura efectiva bajo este nuevo esquema gubernamental decidido a romper con patrones anteriores.
En suma, esta detención representa un mensaje contundente sobre las nuevas prioridades estatales respecto al combate contra organizaciones criminales complejas y transnacionales presentes en Bolivia. Además refleja avances concretos en coordinación institucional interna e internacional para desarticular estructuras ilícitas peligrosas para la seguridad pública regional y global. Para la población local implica un paso hacia mayor seguridad ciudadana y justicia efectiva frente a actividades ilícitas como el narcotráfico que han afectado profundamente diversas comunidades durante años
