En Bolivia, la necesidad de una reforma profunda en la legislación energética se ha convertido en un tema prioritario ante la amenaza de un posible colapso energético en los próximos años. La Fundación Jubileo, a través de su investigador Raúl Velásquez Guzmán, ha señalado que la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos por sí sola no será suficiente para evitar esta crisis. La preocupación central radica en la declinación progresiva de la producción de gas natural y condensados, recursos que actualmente sostienen gran parte del sistema energético nacional.
Velásquez enfatiza que el abordaje adecuado debe partir de una Ley de Energía integral que establezca los principios fundamentales para todo el sector energético. Esta normativa marco debería sentar las bases para asegurar la seguridad energética, la autarquía, el acceso universal a la energía y la suficiencia en el suministro. Además, tendría que definir una ruta clara hacia la transición energética que permita diversificar y modificar gradualmente la matriz energética del país. Actualmente, Bolivia presenta una alta dependencia de los hidrocarburos tanto en su consumo energético —con un 80% basado en estos recursos— como en su oferta energética, donde esta cifra alcanza cerca del 90%. En particular, el sector eléctrico depende en un 70% de combustibles fósiles derivados del gas natural.
Este escenario demuestra la urgencia no sólo de actualizar las leyes específicas sobre hidrocarburos y electricidad, sino también de contar con una política energética coherente que guíe al país hacia un modelo más sostenible y menos dependiente del gas natural. La Fundación Jubileo sostiene que a partir de esta política general deben desprenderse leyes sectoriales claras y efectivas. Entre estas, destaca como prioritaria la nueva Ley de Hidrocarburos debido a la necesidad imperiosa de reactivar este sector estratégico cuanto antes.
Sin embargo, esta tarea enfrenta limitaciones importantes derivadas del marco constitucional vigente, que impone restricciones rígidas sobre cómo se puede manejar el sector energético. La nueva legislación deberá buscar mecanismos para mitigar estas limitantes sin contrariar los preceptos constitucionales, lo cual representa un desafío jurídico y político considerable.
El presidente Rodrigo Paz ha informado que el Ejecutivo espera presentar una propuesta concreta para una nueva Ley de Hidrocarburos hacia fines del mes de marzo. Esta propuesta deberá ser objeto de debate tanto en la Asamblea Legislativa como entre diversos actores civiles vinculados al sector energético. Uno de los puntos más complejos a tratar es el régimen fiscal asociado a los hidrocarburos: renta petrolera, regalías, impuestos específicos y las participaciones económicas entre diferentes niveles del Estado son temas clave que requieren un análisis profundo y consensuado.
Además del régimen fiscal, otro aspecto crucial es definir con claridad el papel institucional que desempeñarán entidades como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el sector privado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio encargado del área. La coordinación entre estas instituciones es vital para garantizar una gestión eficiente y transparente del recurso energético nacional.
Aunque por razones prácticas el gobierno está enfocando sus esfuerzos inicialmente en la Ley de Hidrocarburos debido a su carácter urgente, desde Fundación Jubileo insisten en la importancia estratégica de contar con una Ley General de Energía que establezca un marco normativo claro para todo el sector. Este instrumento debe proyectar políticas energéticas con visión a largo plazo —entre 30 y 40 años— asegurando así sostenibilidad y adaptabilidad ante los cambios tecnológicos y ambientales futuros.
En definitiva, Bolivia se encuentra ante un momento crucial para reestructurar su marco legal e institucional en materia energética. La forma en que se aborde esta reforma tendrá consecuencias directas sobre la estabilidad económica del país, su independencia energética y las condiciones sociales vinculadas al acceso a servicios básicos esenciales como electricidad y combustibles. La discusión abierta e inclusiva sobre estas leyes será fundamental para construir consensos sólidos que permitan evitar crisis energéticas futuras y fomentar un desarrollo sostenible integral para toda la población boliviana
