Durante el reciente fin de semana, se ha vuelto a registrar un fenómeno preocupante en Santa Cruz: largas filas de vehículos esperando para poder cargar combustible en los surtidores. Esta situación, que afecta directamente a la movilidad y a la rutina diaria de la población, ha generado múltiples denuncias por parte de los conductores, quienes expresan su frustración ante la persistencia de estas demoras y la aparente falta de abastecimiento fluido.
En respuesta a este escenario, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, se pronunció para aclarar que, a pesar de las dificultades visibles en los puntos de venta, existe combustible disponible en el país. No obstante, explicó que la distribución del producto está siendo limitada debido a problemas relacionados con la calidad del mismo. Según versiones que le han llegado desde el sector hidrocarburos, parte del combustible no está siendo liberado para su comercialización porque contiene aditivos cuya eficacia o estabilidad genera incertidumbre entre los responsables de su distribución.
Zambrana describió esta situación como un círculo vicioso: hay combustible almacenado y listo para ser utilizado, pero no se está liberando al mercado por temor a que los aditivos presentes no solucionen definitivamente los problemas técnicos asociados al producto. Esta desconfianza ha provocado una especie de bloqueo interno que repercute directamente en la población usuaria, quien enfrenta las consecuencias inmediatas en forma de filas extensas y tiempos prolongados para abastecer sus vehículos.
El dirigente también cuestionó la falta de transparencia por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la entidad estatal encargada de la producción y distribución del hidrocarburo. Zambrana demandó explicaciones claras sobre lo que realmente está sucediendo con la calidad del combustible: qué defectos específicos presenta, desde cuándo persiste esta problemática y cuáles son las soluciones concretas que se están implementando para revertirla. La ausencia de respuestas precisas genera incertidumbre tanto en los consumidores como en otros actores vinculados al sector energético.
Frente a esta coyuntura, se planteó además la necesidad de flexibilizar las políticas actuales permitiendo temporalmente la importación privada de combustible. Según Zambrana, esto permitiría que los surtidores ofrezcan simultáneamente el producto proveniente de YPFB junto con combustibles importados por empresas privadas. Actualmente esta opción no está habilitada y su apertura podría aliviar las tensiones generadas por el desabastecimiento parcial y mejorar la disponibilidad para los usuarios finales.
Para avanzar hacia una solución definitiva, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz insistió en la importancia de realizar una auditoría técnica e independiente que permita identificar con precisión cuál es el problema exacto que afecta al combustible distribuido actualmente. Solo mediante un análisis riguroso y objetivo será posible determinar las causas reales y definir medidas efectivas para corregirlas, evitando así futuras interrupciones o restricciones en el suministro.
En suma, este complejo escenario refleja un desafío importante para el sector hidrocarburos local y nacional. La coexistencia entre disponibilidad física del producto y dificultades técnicas en su distribución pone en evidencia fallas estructurales que requieren atención urgente. Para la población afectada, estas trabas representan no solo molestias cotidianas sino también impactos económicos derivados del tiempo perdido y potenciales incrementos en costos asociados al transporte. Por ello resulta fundamental que las autoridades involucradas transparenten toda la información pertinente y adopten medidas concretas orientadas a restablecer un servicio confiable y continuo
