Las autoridades estadounidenses han revelado detalles contundentes sobre una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero que operaba desde Sudamérica hacia Europa, liderada por el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera. Según la información difundida por la Oficina del Fiscal para el Distrito Este de Virginia, Marset, de 34 años, habría amasado más de 17 millones de euros a partir de un solo cargamento de cocaína enviado al continente europeo, una suma que refleja la magnitud y sofisticación de esta organización criminal transnacional.
La comparecencia inicial del narcotraficante ante un tribunal federal en Alexandria marcó un avance significativo en el proceso judicial que enfrenta. Los cargos que pesan contra él están relacionados con una conspiración para lavar dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. Las investigaciones judiciales detallan que Marset no solo era un miembro más dentro del entramado criminal, sino el líder principal de una estructura dedicada al transporte y distribución a gran escala de cocaína, con envíos que podrían alcanzar hasta las diez toneladas por operación.
El alcance geográfico de esta red es notable, ya que su actividad se extendía a múltiples países sudamericanos como Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, además de varios estados europeos como Bélgica, Países Bajos y Portugal. Estas naciones formaban parte del circuito logístico utilizado para el traslado clandestino de la droga y para la gestión del lavado del dinero generado por estas actividades ilícitas. La coordinación entre distintos territorios evidenció la complejidad operativa y la capacidad para evadir controles internacionales.
Uno de los colaboradores clave en esta red fue Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien actuaba desde Paraguay como encargado principal en la movilización y blanqueo de grandes sumas en efectivo. Su función involucraba la recolección sistemática del dinero obtenido por el narcotráfico —predominantemente en euros— mediante mensajeros y redes clandestinas diseñadas para evitar detectores financieros. Posteriormente, estos recursos eran integrados al sistema bancario internacional a través de complejas operaciones financieras que incluían bancos corresponsales ubicados en Estados Unidos. Este método permitió a las autoridades rastrear parte significativa del flujo económico ilícito.
Un hallazgo crucial dentro de esta investigación es la confirmación de que en enero de 2021 Marset tenía pendientes de cobro ganancias superiores a los 17 millones de euros por un único cargamento enviado a Europa. Este dato subraya no solo la magnitud económica involucrada sino también el nivel organizativo requerido para manejar tales sumas dentro del mercado ilegal. En este caso específico, Santoro jugó un papel fundamental al organizar la recolección y posterior lavado de al menos cinco millones de euros vinculados a esa operación, gran parte procesada mediante el sistema financiero estadounidense.
El proceso judicial ha avanzado con respecto a Santoro, quien se declaró culpable en mayo del año 2025 y fue condenado meses después a una pena privativa de libertad por 15 años. En contraste, Marset aún enfrenta cargos formales que podrían derivar en una sentencia máxima cercana a los 20 años si es encontrado culpable por un tribunal federal estadounidense.
La investigación fue liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) con cooperación internacional significativa. Las autoridades bolivianas aportaron información crucial desde Sudamérica, mientras que las oficinas regionales de la DEA junto con Europol brindaron apoyo operativo desde sus respectivos continentes. Esta colaboración transnacional ilustra la importancia actual del trabajo conjunto frente a organizaciones criminales que trascienden fronteras nacionales.
En paralelo al proceso judicial, el Departamento de Estado estadounidense mantiene activa una recompensa monetaria que asciende hasta los dos millones de dólares para quien proporcione información valiosa que conduzca al arresto o condena definitiva contra Marset. Esta medida forma parte del Programa contra el Crimen Organizado Transnacional impulsado por Estados Unidos como estrategia para desarticular redes criminales globales.
Finalmente, las autoridades han enfatizado que los cargos presentados contra Sebastián Enrique Marset Cabrera constituyen una imputación formal dentro del sistema judicial estadounidense, respetando su derecho fundamental a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario ante un juez competente. Este caso pone en evidencia no solo los desafíos legales y operativos frente al narcotráfico internacional sino también la relevancia estratégica para las poblaciones afectadas tanto en América Latina como en Europa, donde las consecuencias sociales y económicas derivadas del tráfico ilícito continúan siendo una preocupación central para las instituciones públicas y organismos internacionales dedicados a combatir este fenómeno criminal globalizado
