La justicia ha dictado detención preventiva por un periodo de cinco meses para un guardia de seguridad vinculado al caso de las 32 maletas que fueron ingresadas al país de manera irregular con divisas provenientes de Estados Unidos y que desaparecieron del aeropuerto Viru Viru. Este caso, que mantiene en vilo a las autoridades y a la opinión pública, ha cobrado nuevos capítulos tras la aprehensión de un séptimo implicado, profundizando la investigación que lleva adelante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) junto con la Fiscalía de Sustancias Controladas, bajo la dirección del fiscal Julio César Porras.
El detenido, identificado como Yuliano O. S., desempeñaba funciones como guardia en la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), situada en la Villa Primero de Mayo. Durante los procedimientos investigativos realizados en este lugar, las autoridades encontraron casi 80 kilos de marihuana, así como documentos personales vinculados a figuras públicas como el juez Hebert Zeballos y la exdiputada Laura Rojas. Estos hallazgos fueron determinantes para profundizar las pesquisas y apuntalar las sospechas sobre una red que habría operado desde dentro de una empresa dedicada a la seguridad.
La Fiscalía detectó indicios suficientes para considerar que Yuliano O. S. actuó con dolo y pleno conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el interior de Ebose. Por esta razón, fue citado para prestar declaración y posteriormente quedó aprehendido. La imputación formal incluye cargos por tráfico de sustancias controladas y confabulación, basándose en el hecho de que, como encargado de vigilancia, tenía bajo su responsabilidad el control del acceso y salida tanto de personas como de objetos dentro de las instalaciones donde se manipulaban estas sustancias ilegales.
En la audiencia cautelar celebrada ante la jueza anticorrupción Vivian Balcázar, se valoraron los argumentos presentados por ambas partes antes de dictar sentencia. A pesar del derecho a la defensa material concedido al imputado para expresarse, Yuliano O.S. optó por guardar silencio. La jueza decidió entonces imponerle detención preventiva por cinco meses, ordenando su traslado al penal de Palmasola.
Durante su declaración inicial ante fiscales, el guardia explicó que había trabajado para Ebose durante un breve periodo comprendido entre mediados de diciembre y principios del mes siguiente, recibiendo una promesa salarial mensual que no llegó a concretarse plenamente debido a su corta permanencia. Además, negó conocer personalmente al juez Zeballos, a la exdiputada Rojas o a otros exfuncionarios judiciales relacionados con el caso. Cabe señalar que Rojas está siendo acusada específicamente por haber ingresado las maletas mediante un vuelo charter y por presuntamente haber utilizado un pasaporte diplomático para evadir los controles aeroportuarios.
El caso sigue generando movimientos importantes dentro del sistema judicial. Varios detenidos en Palmasola han solicitado su libertad mediante cesación a la detención preventiva, argumentando mejoras sustanciales en su situación jurídica. Entre ellos se encuentran el principal capitalista detrás de Ebose —el juez Hebert Zeballos— tres funcionarios judiciales y otro guardia de seguridad. La jueza Balcázar tiene previsto definir hoy el estatus legal de estos cinco detenidos tras haber sido notificados los fiscales correspondientes para participar en las audiencias.
Mientras permanece encarcelado en el pabellón PC-6 del penal Palmasola junto con otros exfuncionarios judiciales y guardias implicados en esta investigación, Hebert Zeballos ha asumido su defensa señalando reiteradamente que no tiene relación alguna con actividades vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, sus solicitudes para obtener libertad han sido rechazadas hasta ahora por parte del sistema judicial.
Este caso pone en evidencia no solo una compleja red vinculada al tráfico ilícito dentro del país sino también posibles irregularidades en instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia. La desaparición inexplicable de las 32 maletas con divisas provenientes desde Estados Unidos y encontradas posteriormente con sustancias controladas obliga a mantener una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades y evitar futuros actos similares que afecten tanto al orden legal como económico nacional. La repercusión social es significativa porque involucra a funcionarios públicos y pone bajo cuestionamiento los mecanismos internos destinados a controlar operaciones sensibles relacionadas con aduanas y seguridad aeroportuaria
