La detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz de la Sierra representa un hecho significativo dentro del combate al crimen organizado en la región, pero también ha desencadenado una intensa discusión política sobre las responsabilidades y posibles negligencias del Estado durante el periodo en que el capo operó libremente en el país. Este lapso coincide con la administración del expresidente Luis Arce, lo que añade un componente de controversia y cuestionamientos sobre la eficacia y voluntad institucional para enfrentar redes criminales de alto impacto.
El operativo que culminó con la captura de Marset el 13 de marzo fue el resultado de un arduo trabajo de planeación que se extendió por tres meses y contó con la participación de 500 agentes policiales. Esta acción contrasta profundamente con un intento previo ocurrido en julio de 2023, cuando la Policía estuvo cerca de arrestar a Marset en una residencia lujosa ubicada en la avenida Alemana, también en Santa Cruz. En aquel momento, la información clave llegó desde los servicios de inteligencia paraguayos, alertando sobre su paradero. Sin embargo, la intervención policial fue insuficiente: apenas dos agentes vestidos de civil iniciaron el operativo con apoyo limitado de un dron, enfrentándose a una estructura armada compuesta por al menos seis hombres fuertemente armados. Esta desproporción y falta de recursos adecuados permitieron que Marset huyera, lo que marcó un punto crítico en el caso al perderse su rastro y permitiendo que su red continuara operando impunemente.
Durante casi tres años desde esa fuga, las actividades del narcotraficante no cesaron, y su organización siguió generando violencia en Santa Cruz de la Sierra. Se registraron al menos quince asesinatos cometidos por sicarios vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), una poderosa organización brasileña que respaldaba las operaciones criminales lideradas por Marset. Este contexto violento y prolongado ha generado preocupación entre las autoridades actuales, quienes señalan fallas estructurales en las respuestas estatales durante el gobierno anterior.
El ministro de Gobierno actual, Marco Antonio Oviedo, ha señalado directamente que lo ocurrido refleja una clara negligencia por parte de las instituciones estatales responsables durante ese periodo. Según sus declaraciones, hubo un abandono o falta de acción por parte tanto de la Policía como del Ministerio de Gobierno para cumplir con sus funciones esenciales frente a una amenaza criminal tan grave. Si bien evitó acusar abiertamente a alguna institución o persona específica de complicidad directa, sí dejó entrever que hubo omisiones graves que facilitaron el establecimiento y operación prolongada del narcotraficante dentro del territorio boliviano. Además, destacó que esta situación no solo afecta a Bolivia sino también a países vecinos como Paraguay, Uruguay y Argentina, donde Marset tenía vínculos o influencia.
Cabe destacar que durante el gobierno del expresidente Luis Arce (2020–2025), el Ministerio de Gobierno estuvo bajo la dirección de Eduardo Del Castillo y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana fue liderado por Jhonny Aguilera. Hasta ahora, ni estos exfuncionarios ni otros relacionados han emitido declaraciones públicas respecto al caso ni han sido llamados a declarar por la Fiscalía, lo cual mantiene abierta la incógnita sobre posibles responsabilidades políticas o administrativas.
Por su parte, el entorno legal del expresidente Arce ha rechazado categóricamente cualquier insinuación o acusación relacionada con encubrimiento o protección al narcotraficante. Su abogado defensor ha afirmado que el exmandatario niega rotundamente haber favorecido a Marset y subraya su disposición total para colaborar con cualquier investigación judicial pertinente. Asimismo, cuestiona la forma en que se confirmó recientemente el paradero del capo tras nuevas alertas internacionales y advierte sobre la necesidad de analizar el caso en toda su complejidad antes de emitir juicios políticos o mediáticos.
Uno de los aspectos más preocupantes para las autoridades ha sido constatar cómo Marset logró no solo mantenerse oculto sino también integrarse dentro del entorno social boliviano durante meses. Su capacidad para establecer una red logística eficaz y contar con protección armada evidencia un nivel alto de penetración criminal dentro del país. El narcotraficante llegó incluso a participar activamente en actividades cotidianas, como jugar para el club Los Leones de El Torno —un equipo perteneciente a la segunda división cruceña— e incluso obtuvo documentos oficiales bolivianos gracias a irregularidades denunciadas contra funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip), aunque estos procesos judiciales no han concluido aún.
En 2025, Marset reapareció públicamente mediante videos difundidos en redes sociales donde exhibía símbolos asociados al PCC brasileño, confirmando así sus vínculos con esta organización criminal transnacional. Finalmente capturado en una mansión vigilada por fuerzas policiales especializadas e internacionales, fue entregado por Interpol a la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA). Actualmente enfrenta cargos por lavado de dinero ante tribunales estadounidenses ubicados en Virginia Oriental.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa los desafíos estructurales y políticos que enfrentan los países sudamericanos para combatir organizaciones criminales transnacionales fuertemente armadas e infiltradas socialmente. La captura exitosa representa un avance significativo para las fuerzas del orden; sin embargo, también revela profundas falencias institucionales previas cuya revisión es crucial para evitar futuras situaciones similares. La sociedad boliviana observa atentamente cómo se esclarecen responsabilidades políticas mientras continúa demandando mayor seguridad y justicia frente al narcotráfico y sus consecuencias violentas
