Las tensiones internas dentro del sector campesino en Pando han escalado hasta el ámbito judicial, tras la controversia que rodea la participación electoral de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP). Esta organización, que en un hecho histórico decidió presentar una lista con 166 candidatos para las próximas elecciones, se ha visto envuelta en un proceso que culminó con la inhabilitación total de sus postulantes por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 10 de marzo.
El conflicto tiene sus raíces en una disputa interna dentro de la dirigencia campesina. Según explicó Víctor Hugo Roca, máximo representante ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), todo comenzó cuando José Luis Rodríguez, conocido en el ámbito político como Cuba, quedó excluido de las listas oficiales presentadas por la FSUTCP. En respuesta a esta marginación, Rodríguez impugnó formalmente las candidaturas argumentando que varios postulantes no cumplían con el requisito esencial de ser integrantes campesinos, lo cual generó una crisis que llevó a judicializar la participación electoral de esta federación.
Entre los candidatos más destacados que integraban estas listas se encuentran Rodolfo Áñez Domínguez, aspirante a la Gobernación del departamento, y Róger Franco, candidato al municipio de Cobija. Lo particular es que ambos no son dirigentes campesinos de origen; sin embargo, sostienen que fueron invitados expresamente por la dirigencia campesina para formar parte del proceso electoral. La postulación masiva y organizada por una federación campesina representaba una novedad en el escenario político local y generó expectativas sobre el papel que esta organización podría desempeñar en las próximas elecciones.
El proceso judicial se complicó debido a irregularidades administrativas y demoras dentro del Tribunal Electoral Departamental (TED). Aunque inicialmente este tribunal dictaminó en enero habilitar las candidaturas presentadas por la FSUTCP, esta resolución no fue notificiada oficialmente sino hasta finales del mes siguiente. Esta tardanza permitió a los impugnantes elevar su reclamo ante el Tribunal Supremo Electoral. El TSE acogió estas impugnaciones y emitió un fallo que inhabilitó a todos los candidatos postulados por la federación campesina.
Ante esta situación, los afectados recurrieron a la justicia constitucional para buscar un amparo que revierta o modifique la decisión del TSE. Se programó una audiencia para analizar este recurso con miras a resolver el conflicto legalmente y evitar mayores confrontaciones sociales. Los principales candidatos rechazaron categóricamente las acusaciones sobre falta de legitimidad orgánica en su postulación y enfatizaron que la impugnación no estaba dirigida exclusivamente contra ellos sino contra toda la lista presentada por la FSUTCP.
La repercusión social fue inmediata y palpable en Cobija. En señal de protesta por lo ocurrido, alrededor de treinta personas iniciaron una huelga de hambre en la casa de campaña de Rodolfo Áñez mientras que simultáneamente los campesinos instalaron otra huelga en su sede sindical. Además, se decretó un bloqueo parcial de caminos el día sábado siguiente al fallo del TSE como medida de presión para revertir esta decisión. No obstante, los dos principales candidatos lograron persuadir a sus seguidores para privilegiar el camino judicial antes que recurrir a medidas más drásticas o confrontativas.
Este episodio pone en evidencia las complejas dinámicas internas que atraviesa el movimiento campesino en Pando y su transición hacia formas más institucionalizadas y participativas dentro del sistema electoral. Asimismo, refleja los desafíos legales y políticos que enfrentan las organizaciones sociales cuando intentan incidir directamente en procesos electorales bajo estructuras normativas estrictas. La resolución definitiva sobre esta controversia tendrá un impacto significativo para miles de afiliados campesinos e influirá en el equilibrio político regional, donde estos sectores buscan consolidar su representación política y defender sus intereses colectivos mediante mecanismos democráticos formales
