En julio de 2023 se dio a conocer por primera vez la presencia en Bolivia de Sebastián Marset, un ciudadano uruguayo vinculado a actividades ilícitas que generaron gran impacto en el país. Tras su fuga, las autoridades bolivianas iniciaron una serie de procedimientos para asegurar los bienes relacionados con su actividad y comenzar las investigaciones correspondientes. El Ministerio de Gobierno informó entonces sobre la incautación de aproximadamente 30 inmuebles y una cantidad significativa de vehículos, acciones que buscaban frenar el avance de su red y preservar los activos vinculados a sus operaciones.
Con el paso del tiempo y luego de la captura reciente de Marset, se ha generado un interés renovado en torno al destino final de estos bienes asegurados. La incertidumbre sobre qué pasó con los inmuebles y vehículos confiscados ha sido motivo de debate público, especialmente ante versiones surgidas en redes sociales que sugerían la posible devolución parcial de estos activos. Ante esta situación, el Ministerio de Gobierno publicó un documento oficial denominado Evaluación Final del Plan Operativo Anual Presupuesto 2023 durante el año 2024, donde se detalla que tras la fuga del imputado se aseguraron 27 inmuebles, 45 vehículos y una suma cercana a los 11 millones de dólares. Además, se inició una investigación formal contra 12 personas presuntamente vinculadas a este caso, lo cual refleja la magnitud y complejidad del operativo.
El fiscal Julio César Porras, encargado directo de uno de los procesos judiciales derivados del caso Marset, confirmó que existen cerca de cinco investigaciones activas relacionadas con este hecho. En diálogo con medios locales, Porras aseguró que bajo su responsabilidad no se ha autorizado la devolución de ningún inmueble asegurado. Sin embargo, reconoció desconocer el estado actual en otros procesos similares abiertos por distintos fiscales o instancias judiciales. Esta declaración adquiere relevancia frente a las versiones contradictorias que circulan entre la población respecto al manejo administrativo y judicial de los bienes incautados.
La controversia generada motivó también la intervención política sobre el tema. El senador José Sánchez, miembro del partido Libre, expresó públicamente su preocupación por la transparencia en el manejo de estos bienes y llamó a implementar mecanismos claros para garantizar una investigación exhaustiva. Sánchez planteó además la necesidad urgente de apartar a cualquier autoridad judicial o fiscal que pueda estar involucrada en irregularidades relacionadas con devoluciones indebidas o manejos cuestionables durante el proceso investigativo. Su postura refleja un reclamo ciudadano por mayor control institucional y rendición de cuentas en casos sensibles como este.
Por otro lado, desde la Cámara Baja también surgieron propuestas concretas para aprovechar los recursos asegurados en beneficio social. La diputada María Esther Góngora, representante del bloque APB-Súmate, planteó que los bienes incautados por actividades ilícitas como narcotráfico o contrabando deberían ser destinados prioritariamente al sector salud. En este sentido, Góngora anunció la presentación inminente de un proyecto de ley orientado a canalizar esos recursos hacia programas sanitarios y mejoras hospitalarias, buscando convertir una situación negativa en una oportunidad para fortalecer áreas críticas para la población más vulnerable.
En definitiva, el caso Sebastián Marset ha puesto sobre el tapete no solo aspectos legales relacionados con la lucha contra el crimen organizado sino también desafíos institucionales vinculados al manejo adecuado y transparente del patrimonio incautado. La atención pública continúa centrada en cómo se resuelven las investigaciones abiertas y cuál será el destino final tanto legal como socialmente útil para los bienes asegurados durante estos procedimientos. La respuesta institucional podría sentar precedentes para futuros casos similares y mejorar la confianza ciudadana en las autoridades encargadas del ordenamiento jurídico nacional
