El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Pascual Velásquez, ha solicitado formalmente al Ejecutivo la promulgación de un decreto supremo que permita el reajuste de los precios de los materiales de construcción en el país. Esta petición responde a la necesidad urgente del sector para actualizar los costos conforme a la realidad económica actual, con el objetivo de evitar un desequilibrio financiero que afecta directamente a las obras y al empleo en el sector.
Velásquez explicó que la medida no solo busca ajustar precios, sino también establecer un marco legal que permita a todas las entidades públicas autorizar dichos reajustes. Como ejemplo concreto, mencionó que una bolsa de cemento que antes costaba 46 bolivianos actualmente se vende alrededor de 90 bolivianos, lo que representa un incremento significativo y genera dificultades para mantener la viabilidad económica de proyectos en marcha.
Esta situación ha provocado una paralización considerable en las obras públicas y privadas, con cifras alarmantes que indican que entre el 60% y 70% de los proyectos se encuentran detenidos. La consecuencia directa de esta interrupción es el despido masivo de trabajadores y un aumento preocupante en las tasas de desempleo dentro del sector. El incremento sostenido en los precios de los materiales, que fluctúa entre un 40% y un 60%, ha hecho insostenible continuar con las actividades constructivas bajo las condiciones actuales.
El sector ha intentado establecer un diálogo con las autoridades gubernamentales para encontrar una solución viable. En febrero pasado, representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se reunieron con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para elaborar un borrador inicial del decreto supremo solicitado. No obstante, hasta el momento no se han registrado avances significativos ni se ha emitido la norma requerida, lo que aumenta la incertidumbre y preocupación entre los profesionales y trabajadores vinculados a la construcción.
Ante esta falta de respuesta por parte del Gobierno, Velásquez advirtió que si no se atiende esta demanda en un plazo razonable, las movilizaciones sociales organizadas inicialmente en diversos departamentos serán trasladadas a la ciudad de La Paz. En esa capital, los ingenieros y otros sectores relacionados mantendrían una protesta prolongada hasta lograr la promulgación del decreto supremo necesario para reajustar los precios.
Este llamado a la acción refleja una creciente tensión dentro del sector construcción, cuya estabilidad económica es fundamental para el desarrollo nacional. La actualización adecuada y legalmente respaldada del costo de los materiales impacta no solo en las obras públicas sino también en proyectos privados e infraestructura básica para la población. Por ende, el cumplimiento o incumplimiento del Ejecutivo respecto a esta solicitud tendrá consecuencias directas sobre el empleo, la continuidad de obras esenciales y el equilibrio económico general del sector.
En resumen, la demanda presentada por la Sociedad de Ingenieros busca equilibrar una situación insostenible causada por el desfasaje entre costos históricos y precios actuales, afectando tanto a empresas constructoras como a trabajadores. La ausencia hasta ahora de respuestas concretas por parte del Gobierno genera incertidumbre y amenaza con desencadenar protestas masivas que podrían paralizar aún más las actividades en el país si no se logra una solución pronta y efectiva
