La situación financiera del gobierno departamental de Tarija se ha convertido en un tema candente, con las regalías por hidrocarburos como un punto crucial en la discusión. El asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez ha sido claro al señalar que una gran parte de estos ingresos se destina al pago de deudas acumuladas en gestiones anteriores, especialmente durante la administración de Adrián Oliva. Esta realidad está limitando severamente la capacidad operativa del gobierno departamental y afectando directamente a la Asamblea.
En su intervención, Lea Plaza destacó que en el último mes se recibieron más de 17 millones de bolivianos en regalías. Sin embargo, el panorama se torna sombrío cuando se revela que 10 millones de esa suma fueron destinados al pago de deudas, dejando un remanente insuficiente para cubrir las múltiples obligaciones del gobierno departamental. Esta situación económica crítica ha llevado al legislador a calificarla como alarmante, subrayando que el escaso margen disponible para financiar las actividades esenciales está afectando el funcionamiento normal de la Asamblea.
El gobernador Oscar Montes Barzón también ha abordado este tema, revelando que heredó una gobernación con una deuda superior a los 3 mil millones de bolivianos. A pesar de los esfuerzos por reducir esta carga, Montes ha afirmado que aún quedará un saldo inferior a mil millones tras los pagos realizados. La persistencia de estas obligaciones financieras, muchas de las cuales fueron contraídas con entidades estatales y bancos privados, está restringiendo no solo la capacidad operativa del gobierno sino también la autonomía departamental.
Lea Plaza hizo hincapié en que estas deudas han sido generadas por contratos mal gestionados y obligaciones incumplidas en su momento, lo que ha llevado a una situación donde los recursos son prácticamente inexistentes para cubrir lo más elemental dentro de la Asamblea. La falta de presupuesto ha resultado en atrasos en los pagos a funcionarios y cortes en diversos servicios esenciales, lo que agrava aún más los problemas ya existentes.
En una evaluación crítica sobre el estado actual de la autonomía departamental, Lea Plaza no dudó en afirmar que esta se encuentra en terapia intensiva. La incapacidad para financiar las operaciones más básicas pone en riesgo no solo el funcionamiento efectivo del órgano legislativo, sino también la consolidación misma de la autonomía departamental. Según sus palabras, si un órgano clave como la Asamblea no puede operar adecuadamente debido a restricciones económicas, esto repercute negativamente sobre todo el sistema gubernamental departamental.
La situación es compleja y multifacética; las restricciones económicas están impactando diversas dependencias del Ejecutivo, especialmente aquellas desconcentradas. Este efecto dominó podría tener consecuencias duraderas si no se encuentran soluciones efectivas que permitan restaurar el flujo financiero necesario para operar con normalidad y garantizar así el bienestar administrativo y social del departamento.
