Las elecciones subnacionales en Bolivia, llevadas a cabo el 22 de marzo, han dejado al descubierto no solo un notable interés de la ciudadanía por participar en el proceso electoral, sino también serias deficiencias en la organización y regulación del sistema electoral del país. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por Cindy Quesada Hernández y compuesta por 25 expertos de diversas nacionalidades, ha presentado un informe contundente que subraya la necesidad urgente de reformas antes de la segunda vuelta programada para el 19 de abril.
El documento revela que los problemas observados durante las elecciones no son meramente incidentales, sino que se originan en fallas estructurales dentro del sistema. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentra la alarmante cifra de inhabilitaciones: aproximadamente el 75% de las más de 34,000 candidaturas registradas fueron inicialmente rechazadas. Esta situación no solo ha afectado a los partidos y candidatos, sino que también ha generado confusión entre los votantes y ha provocado tensiones en municipios como San Ignacio y Portachuelo.
El informe detalla cómo la inhabilitación masiva se erige como el núcleo de la crisis electoral actual. De un total de 34,630 postulaciones, 26,010 fueron descalificadas debido a incumplimientos administrativos o legales, una consecuencia directa de plazos extremadamente reducidos para la revisión documental. Los tribunales electorales departamentales contaron con apenas siete días para llevar a cabo esta tarea crucial, sin un mecanismo que permitiera subsanar errores menores. Este apremio temporal resultó en decisiones tardías que se extendieron hasta momentos previos a la votación.
Como resultado, las papeletas electorales no reflejaron adecuadamente la oferta final disponible para los votantes. En varios casos, candidatos cuyos nombres habían sido inhabilitados seguían apareciendo en las boletas, lo que llevó a que los votos emitidos a su favor fueran contabilizados como nulos. Esto complicó aún más el proceso electoral e impactó negativamente en la percepción ciudadana sobre su legitimidad.
Además del problema con las inhabilitaciones, se registraron fallos logísticos significativos durante el día de las elecciones. En San Ignacio de Velasco, por ejemplo, se produjo una distribución errónea de papeletas en cinco recintos electorales que afectó a cerca de 23,000 votantes. La OEA informa que debido a las dificultades geográficas y logísticas del área, este error no pudo ser corregido a tiempo, lo cual generó un descontento palpable entre los electores.
Ante esta situación caótica, Marco Monasterio, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, anunció que se repetirá la votación en 21 mesas el próximo 5 de abril para elegir gobernador y asambleístas. Sin embargo, Monasterio evitó profundizar sobre los conflictos municipales donde más del 65% de los votos fueron anulados.
Otro aspecto crítico abordado por la OEA fue la cancelación repentina de personerías jurídicas durante el proceso electoral. Al menos cinco organizaciones políticas fueron eliminadas del registro electoral justo antes de los comicios; entre ellas destacan Acción Democrática Nacionalista y Unidad Cívica Solidaridad. La misión observadora considera alarmante que estas decisiones hayan sido tomadas mientras el proceso estaba en marcha y enfatiza que debieron considerarse alternativas menos drásticas para proteger los derechos políticos involucrados.
El informe también critica cambios institucionales realizados a última hora que podrían haber socavado aún más la confianza pública en el sistema electoral. A tan solo dos días antes de las elecciones, el presidente del Estado decidió reemplazar a vocales designados por administraciones anteriores en varios TEDs importantes. Aunque estos cambios son legales, su implementación tan cercana al evento electoral generó inquietudes sobre la estabilidad institucional y credibilidad del órgano encargado de supervisar las elecciones.
A pesar de estos hallazgos preocupantes identificados por la OEA, desde el Tribunal Supremo Electoral se optó por emitir una nota institucional resaltando aspectos positivos del proceso sin abordar directamente las críticas formuladas por los observadores internacionales. Esta respuesta podría interpretarse como una falta de reconocimiento ante problemas serios que requieren atención inmediata si se desea restaurar la confianza ciudadana en futuras elecciones.
