La Fiscalía General del Estado ha solicitado la activación de un sello rojo de Interpol para localizar a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Esta medida se toma en el contexto del caso conocido como el fondo indígena, en el cual Achacollo es sindicada y cuya implicación ha llegado a involucrar a figuras de alto perfil, incluido el expresidente Luis Arce. A pesar de que los informes migratorios indican que Achacollo no ha abandonado Bolivia, los fiscales consideran necesario activar esta alerta internacional.
El fiscal que lidera la investigación, Cardozo, comunicó en una reciente conferencia de prensa que la información proporcionada por Migración sugiere que Achacollo permanece en territorio boliviano. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido proceder con la solicitud del sello rojo debido a la existencia de un mandamiento de aprehensión ya emitido por una comisión de fiscales. Esta decisión refleja una estrategia para asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales.
La situación legal de Achacollo se complicó el 18 de febrero de este año cuando no se presentó a una convocatoria para declarar en calidad de sindicada. Este hecho llevó a la Fiscalía a emitir una orden de aprehensión al día siguiente, desestimando un memorial presentado por su defensa que solicitaba diferir la declaración o realizarla en Santa Cruz debido a problemas de salud. La negativa del Ministerio Público a aceptar esta solicitud ha generado críticas sobre el manejo del proceso.
El abogado defensor, Mirko Suaznabar, recordó que las investigaciones sobre este caso comenzaron en 2016 y que han transcurrido casi diez años hasta llegar a las conclusiones actuales. Durante este tiempo, Achacollo ha tenido diversas experiencias con el sistema penitenciario. Fue recluida por primera vez en diciembre de 2016 en el penal de Miraflores y, tras un largo proceso judicial lleno de audiencias y solicitudes, logró obtener detención domiciliaria en diciembre de 2017.
Sin embargo, su situación se tornó nuevamente complicada en 2019 cuando fue aprehendida otra vez y devuelta al penal. A pesar de los obstáculos legales y las prolongadas tramitaciones, el 6 de julio de 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, Achacollo recibió nuevamente el beneficio de la detención domiciliaria. Finalmente, el 20 de noviembre del mismo año fue liberada por falta de pruebas suficientes en su contra.
Este caso refleja no solo las complejidades del sistema judicial boliviano sino también las tensiones políticas que han rodeado a figuras clave dentro del gobierno y su administración. La espera por una acusación formal por parte del Ministerio Público es ahora un paso crucial para avanzar hacia un juicio definitivo después de años marcados por dilaciones y controversias legales.
