La justicia en Bolivia ha tomado una decisión contundente al sentenciar al fotoperiodista Álvaro Alex Valero a 25 años de prisión por el delito de violación, en el marco del conocido caso Nadia. Esta resolución se produjo tras más de 14 horas de audiencias en el juicio oral, y Valero deberá cumplir su condena en el penal de Chonchocoro. En contraste, Nathaly C., involucrada en el mismo proceso judicial, fue absuelta de todos los cargos, según informaron fuentes cercanas a la familia de la víctima.
El caso tiene sus raíces en septiembre de 2024, cuando Nadia Apaza Ochoa, una periodista graduada de la Universidad Mayor de San Andrés, denunció haber sido víctima de violación en la ciudad de El Alto. Desde entonces, la joven enfrentó un largo y tortuoso camino en su búsqueda de justicia, un proceso que estuvo marcado por supuestas negligencias por parte de las autoridades policiales, fiscales y del sistema judicial.
Los allegados a Nadia han señalado que esta serie de obstáculos contribuyó a un deterioro emocional significativo que culminó trágicamente con su muerte. Este desenlace ha provocado una reacción intensa entre organizaciones y gremios periodísticos que han denunciado irregularidades durante la investigación y han cuestionado la actuación del sistema judicial. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz han sido particularmente vocales sobre lo que consideran actos de revictimización y demoras inaceptables en la recolección de pruebas, señalando fallas estructurales en cómo se atiende a las víctimas de violencia de género.
Uno de los aspectos más criticados del caso es el trato que recibió Nadia tras presentar su denuncia. En una carta póstuma atribuida a ella, la periodista expresó que funcionarios minimizaron su situación y retrasaron el avance del caso. Esta situación ha generado un fuerte clamor público contra el sistema judicial boliviano y sus procedimientos.
En marzo de 2025, antes del fallo final, Valero había sido enviado a prisión preventiva durante seis meses en el penal de Patacamaya mientras se desarrollaba la investigación en su contra. La reciente sentencia representa un cierre para esta etapa judicial; sin embargo, las demandas por justicia integral continúan vigentes entre colectivos sociales y familiares.
Diversos sectores coinciden en que el caso Nadia pone al descubierto las debilidades del sistema institucional frente a la violencia de género. Hay un consenso creciente sobre la necesidad urgente de sanciones para aquellos funcionarios que presuntamente cometieron omisiones durante la investigación inicial. Con esta sentencia, aunque se establece responsabilidad penal por parte del acusado principal, el debate público sigue abierto respecto al rol del Estado y las reformas necesarias para asegurar una atención adecuada y efectiva a las víctimas.
