El presidente Rodrigo Paz ha dado un paso significativo en el ámbito de la construcción al emitir el Decreto Supremo 5597, que establece un ajuste de precios para materiales de construcción, maquinaria y equipos en los contratos de obra y contratos llave en mano suscritos por entidades públicas. Este decreto, publicado el lunes, busca abordar las preocupaciones que han surgido en el sector en medio de un contexto económico desafiante.
Según lo estipulado en el decreto, la norma se aplica a los contratos que no cuenten con orden de proceder y aquellos que ya estén en ejecución. Es importante destacar que este ajuste es válido únicamente para los contratos firmados hasta la fecha de entrada en vigor del decreto. La medida tiene como objetivo principal ofrecer un alivio a las empresas constructoras, que han enfrentado dificultades debido al aumento de costos en materiales y equipos.
El documento detalla que el ajuste de precios se llevará a cabo mediante una fórmula específica para cada caso. Sin embargo, aclara que no se incluirán en este reajuste aquellos materiales, maquinaria y equipos que ya hayan sido ajustados conforme al Decreto Supremo 5321 emitido en enero de 2025. Esta exclusión busca evitar duplicidades y asegurar que el ajuste sea justo y equitativo.
Adicionalmente, la normativa establece que esta medida será excepcional y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta extensión temporaria permite a las empresas contratistas renegociar plazos para la finalización de obras y actualizar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, alineándola con el monto total del contrato.
La decisión del gobierno llega en un momento crucial, ya que días antes, la Cámara de la Construcción había anunciado su intención de movilizarse debido a la falta de ajustes sectoriales por parte del Gobierno. Desde Cadecocruz, se había enfatizado la urgencia del reajuste como una medida necesaria para asegurar no solo la continuidad de las obras, sino también la estabilidad del sector y la seguridad jurídica en la ejecución de contratos.
Con este decreto, se espera mitigar las tensiones existentes entre el Gobierno y el sector constructor, ofreciendo una solución a las demandas planteadas por los actores involucrados y contribuyendo al desarrollo sostenible de infraestructuras en el país.
