El Ministerio de Educación ha reafirmado su compromiso con la educación al ratificar que la Resolución Ministerial 001/2026 establece como prioridad el cumplimiento de los 200 días efectivos de clases. A través de un comunicado emitido este lunes, el ministerio subrayó que su principal objetivo es garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes en el país. En este contexto, también se abordó la preocupación manifestada por artesanos, bordadores, fotógrafos y artistas dedicados al mundo infantil, quienes han expresado su inquietud sobre las posibles repercusiones económicas derivadas de las restricciones a las celebraciones escolares.
En su comunicado, el ministerio hizo hincapié en que las actividades extracurriculares, incluidas las festividades y agasajos, están permitidas los fines de semana. Esta aclaración se basa en la Circular CIR/DMJG/IIPP Nº 1, emitida el 27 de febrero, que establece que tales eventos no deben interferir con las horas de clase programadas durante la semana.
Además, el ministerio se mostró receptivo ante las preocupaciones de los sectores afectados y aseguró que sus observaciones y propuestas serán consideradas en la revisión de la Resolución Ministerial 001/2027. En un esfuerzo por mantener un diálogo abierto y constructivo, se comprometió a buscar alternativas que puedan ser compatibles con las normativas educativas vigentes.
Las tensiones alrededor de esta resolución han llevado a diversas manifestaciones. Este lunes, artesanos, fotógrafos y artistas del ámbito infantil marcharon por las calles del centro de La Paz para exigir a la ministra de Educación, Beatriz García, la derogación del artículo 53 de la mencionada resolución, que prohíbe los agasajos en los colegios.
Por otro lado, los bordadores ubicados en la calle Los Andes también llevaron a cabo una protesta pacífica el pasado viernes. Durante esta manifestación, expresaron su descontento al señalar que el artículo 53 ha tenido un impacto negativo en sus negocios, provocando pérdidas significativas e incluso forzando el cierre de algunos establecimientos. Esta situación resalta no solo la tensión entre las políticas educativas y las realidades económicas de ciertos sectores, sino también la necesidad urgente de encontrar un equilibrio que respete tanto el derecho a la educación como las actividades culturales y económicas asociadas a ella.
