La situación del sector hidrocarburífero en Bolivia ha suscitado un creciente interés y preocupación, especialmente ante la necesidad urgente de implementar reformas profundas que revitalicen este rubro. Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, ha señalado que se requieren seis cambios críticos en la nueva Ley de Hidrocarburos para devolver al país a una senda de crecimiento y sostenibilidad en este sector.
En primer lugar, Velásquez enfatiza la importancia de restaurar la institucionalidad del sector. Desde la nacionalización hace dos décadas, la estructura organizativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha quedado debilitada y ha perdido su enfoque en la eficiencia operativa. Con un rol monopólico que le permite fiscalizarse a sí misma, YPFB ha crecido hasta convertirse en una entidad extremadamente compleja, con once subsidiarias y múltiples gerencias. Esta situación ha llevado a que, según Velásquez, YPFB se asemeje más a una fábrica de empleo que a una empresa productora de gas natural. Por ello, plantea la necesidad de redefinir claramente los roles del Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los actores privados dentro del sector.
El segundo aspecto crítico mencionado es el establecimiento de consultas previas y el ordenamiento territorial para seleccionar adecuadamente a las empresas que operarán en el país. Esto es esencial para garantizar que las decisiones sobre exploración y explotación se tomen bajo criterios claros y justos.
El tercer punto se relaciona con los contratos de exploración y explotación. Velásquez destaca que la nueva ley debe incluir cláusulas que aseguren la reposición de reservas mediante exploración activa y proporcionar estabilidad contractual ante eventuales cambios políticos o decisiones de nacionalización. Este enfoque es fundamental para mejorar la seguridad jurídica en Bolivia.
El régimen de precios constituye el cuarto cambio necesario. Según el investigador, es crucial que la ANH asuma un papel protagónico en la determinación de precios, lo que incluye establecer políticas claras sobre cómo se financiarán las subvenciones en el mercado interno, independientemente del gobierno en funciones.
El quinto cambio radica en el régimen fiscal del sector hidrocarburífero. Velásquez propone mantener una regalía del 11%, pero ajustando otros componentes de la renta petrolera. En particular, sugiere eliminar la participación actual de YPFB en las ganancias generadas por los contratos operativos. Este ajuste es visto como un elemento central para abordar los problemas estructurales existentes. Además, plantea que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) debería transformarse en un régimen con escalas móviles que refleje variables como el precio del gas y el ciclo vital del proyecto.
Finalmente, el sexto cambio se refiere a cómo se debe gestionar la renta petrolera obtenida a través de regalías e IDH. Velásquez argumenta que es vital aprender lecciones del pasado y establecer mecanismos para generar fondos destinados al ahorro y diversificación económica. También sugiere crear un fondo específico para facilitar una transición económica sostenible utilizando los ingresos derivados del sector hidrocarburífero.
A pesar de estas propuestas fundamentales para reformar el sector hidrocarburífero boliviano, Velásquez menciona que aún no han recibido información sobre una propuesta oficial por parte del gobierno para una nueva ley, lo cual genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del sector vital para la economía nacional. La falta de avances legislativos podría complicar aún más la atracción de inversiones necesarias para aumentar las reservas gasíferas del país y revitalizar esta industria crucial.
