El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, ha expresado con claridad la crítica situación financiera que enfrenta el sistema judicial del país. Durante su participación en los actos conmemorativos de Tarija, Saucedo abordó la preocupante insuficiencia del presupuesto destinado a la justicia, señalando que sin recursos económicos es imposible llevar a cabo reformas significativas o erradicar la corrupción que ha afectado a esta institución.
Según Saucedo, el presupuesto actual del Tribunal Supremo de Justicia asciende a poco más de 1.100 millones de bolivianos, una cifra que considera ínfima en comparación con las necesidades reales del sistema. Para poder impulsar cambios fundamentales y mejorar la eficacia judicial, el presidente del TSE calcula que se requiere al menos el 5% del presupuesto nacional. Este porcentaje permitiría llevar a cabo las reformas necesarias para modernizar y fortalecer el funcionamiento de los tribunales.
La falta de recursos ha tenido un impacto directo en diversas áreas críticas del sistema judicial. Desde la incapacidad para renovar equipos informáticos hasta la imposibilidad de crear nuevos juzgados o mejorar la infraestructura existente en distintas regiones del país, la escasez presupuestaria se ha convertido en un obstáculo insalvable. Pueden tener intenciones y ganas, pero si no hay plata no se hace nada, subrayó Saucedo, enfatizando así la urgencia de contar con un presupuesto adecuado para garantizar una justicia efectiva y accesible.
Para abordar esta problemática, Saucedo mencionó dos proyectos de ley que se encuentran en discusión. El primero busca garantizar el 5% del presupuesto nacional para el sistema judicial; el segundo se enfoca en liberar recursos actualmente bajo custodia judicial que no pueden ser utilizados. Esta última propuesta tiene como objetivo facilitar el acceso a fondos que podrían ser empleados para mejorar los servicios y la infraestructura judicial.
El presidente del TSE también destacó que muchas iniciativas reformistas están estancadas debido a la falta de financiamiento. Un ejemplo claro es el Juicio de Responsabilidades, cuya discusión en el parlamento ha sido postergada repetidamente. Además, existe otro proyecto relacionado con el Impuesto al Consumo Específico (ICE), cuya aprobación podría contribuir a aumentar los recursos disponibles para el sistema judicial.
Saucedo hizo hincapié en la importancia de priorizar estas iniciativas legislativas, esperando que tras las elecciones programadas para este domingo se pueda avanzar en un consenso con las entidades involucradas en el Órgano Judicial. La distribución del presupuesto también implica considerar al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, así como a los nueve Tribunales Departamentales de Justicia.
Al ser consultado sobre si esta precariedad presupuestaria propicia un entorno favorable para la corrupción dentro del sistema judicial, Saucedo no dudó en afirmar que efectivamente existe una relación directa entre ambos factores. Con sueldos bajos —por ejemplo, un secretario profesional apenas gana menos de 4 mil bolivianos— es más fácil caer en prácticas corruptas. Corromper al que gana menos es más sencillo, concluyó, indicando que una mejora inmediata no debería centrarse únicamente en aumentar salarios, sino también en optimizar los sistemas operativos del poder judicial para evitar situaciones comprometedoras.
