El presidente Rodrigo Paz reconoció este 31 de agosto que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no consiguió garantizar el abastecimiento de combustible en el país y, a partir de esa constatación, abrió la puerta a una nueva etapa en el mercado de hidrocarburos. El mandatario anunció que Bolivia permitirá la participación de importadores privados y, al mismo tiempo, planteó que se discuta el futuro de la subvención a los carburantes.
Según el reporte difundido por Uniel, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno dará respaldo y garantías a los actores privados que quieran ingresar a la importación de combustibles. En ese marco, explicó que las solicitudes para operar en ese ámbito aumentaron de 6 a 70, un dato que, a su juicio, refleja el interés de distintos sectores en participar del abastecimiento.
Paz sostuvo que durante meses se intentó que YPFB cumpla con su función, pero admitió que la estatal no logró alcanzar el objetivo de asegurar combustible “24/7” para los bolivianos. Con ese diagnóstico, el Gobierno decidió impulsar una apertura del mercado que hasta ahora había estado concentrado en la empresa estatal.
El anuncio también incluyó un replanteamiento de la política de hidrocarburos. El Presidente puso sobre la mesa la eliminación de la subvención a los carburantes y argumentó que mantener ese esquema implica destinar recursos que podrían ser usados en otras prioridades del Estado, como hospitales, colegios, carreteras, infraestructura y la creación de ítems para salud y educación. Esa evaluación, dijo, fue asumida tras reuniones con alcaldes y gobernadores del oriente y occidente del país.
Otro de los ejes de su planteamiento fue el contrabando. Paz señaló que la diferencia de precios entre Bolivia y los países vecinos termina favoreciendo la salida ilegal de combustible al exterior. En esa línea, afirmó que el Estado termina financiando un sistema que beneficia a quienes desvían el producto fuera del país. “O pagamos subsidio para que nos roben y se lleven el combustible a otros países o utilizamos esos recursos para las necesidades de los bolivianos”, expresó.
El mandatario también vinculó la discusión energética con la situación de los vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”. Propuso que su regularización sea debatida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo el argumento de que esos motorizados ya circulan por las carreteras y consumen combustible subvencionado. Según su planteamiento, una eventual legalización podría traducirse en nuevos ingresos tributarios para los municipios.
Con estas definiciones, el Gobierno coloca en debate no solo la apertura del mercado a importadores privados, sino también la continuidad del subsidio a los carburantes y la regularización de un parque automotor que, de acuerdo con el Presidente, ya forma parte del consumo interno de combustibles en el país.
