Los sectores empresariales, productivos y de transporte de Cochabamba dieron este jueves un ultimátum al Gobierno Nacional y le fijaron un plazo de cinco días hábiles para responder de manera formal, técnica y documentada a las demandas que, según sostienen, son necesarias para enfrentar la crisis que golpea al aparato productivo departamental.
La advertencia fue planteada a través del denominado “Mandato Productivo de Cochabamba”, un documento en el que los sectores firmantes aseguran que la combinación de la escasez de combustibles, el aumento de costos, la falta de previsibilidad y la aplicación de medidas sin suficiente evaluación ni concertación llevó a la economía cochabambina a una “situación límite”. En ese marco, remarcan que ya hicieron sus planteamientos y que ahora esperan una respuesta concreta del Estado.
“Cochabamba ha propuesto. Ahora el Estado tiene cinco días para responder. No pedimos más anuncios. Exigimos resultados”, señala el texto difundido por los sectores.
El mandato concentra cinco exigencias principales. La primera apunta a una modificación inmediata del Decreto Supremo 5676, norma cuya aplicación, según el documento, habría elevado costos y profundizado distorsiones de precios sin resolver el abastecimiento de combustibles. Los sectores también reclaman participar en su reglamentación y que en ese proceso intervengan todos los actores directamente afectados.
La segunda demanda está relacionada con el suministro de combustibles en todo el país. Los sectores piden una programación nacional acompañada de información pública diaria sobre volúmenes programados, despachos efectivos, trazabilidad, cobertura e inventarios por departamento. Según su planteamiento, las medidas para resolver problemas de abastecimiento en una región deben aplicarse con equidad en los nueve departamentos.
En tercer lugar, el mandato plantea aprovechar de manera más efectiva la capacidad nacional de refinación. Para ello, los sectores exigen incrementar la utilización de la Refinería Gualberto Villarroel y facilitar la importación de petróleo crudo compatible para su procesamiento en Bolivia. También proponen la implementación de un Netback Nacional de Refinación, mecanismo que permitiría comparar públicamente cuándo conviene importar combustible terminado y cuándo resulta más eficiente traer crudo para refinarlo en el país. La posición expresada en el documento es que cada barril que sea técnica y económicamente más eficiente procesar en territorio nacional debería refinarse en Bolivia.
La cuarta demanda se refiere a la transparencia en torno a compromisos con el Fondo Monetario Internacional y otros mecanismos de financiamiento externo. Los sectores exigen conocer públicamente los requisitos, compromisos, acciones previas, metas y condiciones asumidas por el Estado boliviano en esos acuerdos. Además, piden que la Asamblea Legislativa Plurinacional reciba a tiempo la documentación necesaria para analizar, dentro de sus competencias, las operaciones que correspondan. “Bolivia necesita anticipación y previsibilidad, no decisiones económicas conocidas cuando ya deben ser ejecutadas”, añade el texto.
La quinta solicitud plantea la creación de una Mesa Nacional de Seguridad Energética, una instancia permanente de coordinación entre el Gobierno Nacional, YPFB y los sectores empresariales, productivos y de transporte. El objetivo sería dar seguimiento a soluciones vinculadas con abastecimiento, precios, refinación, importaciones y logística.
Los sectores establecieron que el plazo corre desde la entrega oficial del mandato y que el Gobierno debe responder dentro de los cinco días hábiles con una propuesta formal, técnica, documentada y con cronogramas concretos de ejecución. En caso de no recibir una respuesta considerada satisfactoria, anunciaron que convocarán de inmediato a una Asamblea Productiva Ampliada para evaluar la situación y definir una segunda fase de acciones.
