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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió este jueves como “necesaria” la intervención de su Gobierno en la estatal petrolera YPFB y en el organismo regulador de hidrocarburos, al asegurar que la medida busca poner fin a la corrupción y garantizar el suministro de combustibles, afectado por nuevas dificultades en las últimas semanas.

A través de un mensaje publicado en X, el mandatario se refirió a las acciones ejecutadas entre el miércoles y este jueves sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a las que describió como el “operador de los combustibles” y el “organismo que debía controlarlo”, respectivamente. Paz sostuvo que durante años se flexibilizaron los controles de calidad por decisiones que, según dijo, hoy generan sospechas fundadas de irregularidades.

“Eso no se corrige con anuncios: se corrige auditando, exigiendo información completa y aplicando la Ley de Lucha Contra la Corrupción”, afirmó el jefe de Estado, quien cumplirá diez meses de mandato el próximo 8 de septiembre.

El presidente ratificó además que dos comisiones ministeriales revisarán a fondo la gestión de ambas entidades. Según dijo, cualquier hallazgo con posibles responsabilidades será remitido a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones. “Una decisión necesaria para acabar con la corrupción, tomar control y asegurar combustible para todos los bolivianos”, agregó.

Las intervenciones fueron oficializadas mediante decretos y tendrán una vigencia de 180 días calendario. Durante ese periodo se buscará recopilar información, identificar las causas de las deficiencias y establecer eventuales responsabilidades. El Gobierno tomó esta decisión tras señalar “malos manejos” en ambas instituciones, que habrían contribuido al desabastecimiento de combustibles que persiste en el país, según explicó en la víspera el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.

En el caso de YPFB, Blanco adelantó que la intención es que la petrolera se retire de manera progresiva de la comercialización de hidrocarburos y retome su “rol natural”, enfocado en exploración, explotación y refinería.

La situación energética boliviana continúa marcada por una fuerte dependencia de las importaciones. Actualmente, el país compra el 60 % de la gasolina y el 95 % del diésel que consume, con un gasto semanal cercano a los noventa millones de dólares, mientras la producción de gas natural mantiene una tendencia descendente desde hace varios años.

El suministro de combustibles líquidos ha sido irregular desde 2024, una situación que se refleja en extensas filas de vehículos que esperan durante horas, e incluso días, para abastecerse. Desde el inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, en noviembre pasado, el panorama ha sido inestable: entre mayo y junio, las dificultades estuvieron asociadas a los bloqueos de carreteras por protestas sociales, pero en las últimas semanas volvieron las largas filas en las estaciones de servicio y el principal problema volvió a ser la falta de diésel.

A comienzos de año también se registraron inconvenientes con la calidad de la gasolina, que provocaron daños en miles de vehículos y obligaron a establecer un sistema de compensación.

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